En el 2018, Devida pactó una alianza con los pueblos asháninkas del norte del Vraem. El objetivo era frenar el avance de la coca ilegal y del narcotráfico en sus territorios ubicados en las cuencas de los ríos Ene y Tambo. La estrategia fue llevar a sus tierras cacao, café, guanábana, kion y otros productos. Con la piscicultura se involucró a las comunidades en la protección de sus quebradas y del agua. Además, para darle valor agregado y articulación a la economía nacional, se instalaron plantas procesadoras de cacao y café. En poco tiempo, estos pueblos nobles se convirtieron en una muralla natural contra el narcotráfico. Y no solo eso, del 2019 al 2021 los comités de autodefensa, utilizando sus arcos y flechas, incautaron más de tres toneladas de cocaína.
A este componente productivo lo acompañó el coercitivo. Para ello se instalaron dos bases que permitirían realizar acciones tácticas antidrogas y, finalmente, comenzar la erradicación de la coca ilegal en el norte del Vraem, especialmente las instaladas en las tierras comunales. Una de las bases se ubicó estratégicamente en Alto Anapati, la puerta de entrada a Valle Esmeralda y al Vizcatán (Pangoa, Satipo-Junín), zonas controladas por el narcotráfico y el terrorismo.
La estrategia funcionó. Porque, además de lo mencionado, era la primera vez que el Estado se acercaba de manera efectiva a los asháninkas para enfrentar al narcotráfico que, como pasó con el terrorismo en los 80 y 90, representa una amenaza para sus vidas y sus territorios. Esta vez no están solos, se les dijo.
La tragedia comenzó cuando Pedro Castillo convirtió a Devida en una organización cocalera y pretendió legalizar toda la coca. El actual gobierno de Dina Boluarte fue aún más allá: en diciembre del 2023 ordenó la desactivación de las mencionadas bases y, en los hechos, abandonó la estrategia que venía dando resultados importantes. Los asháninkas solicitaron audiencia a Palacio de Gobierno y a la Presidencia del Consejo de Ministros, pero, lamentablemente, no los escucharon. Como pasó con el terrorismo, nuevamente los dejamos solos, los traicionamos.
Hay más. En las carreteras de ingreso al Vraem funcionaban los escáneres que ayudaban a controlar el ingreso ilegal de insumos químicos y la salida de cocaína. Resulta que, por falta de mantenimiento, ninguna de esas plataformas tecnológicas funciona. Es decir, hay pase libre para el narcotráfico, de ingreso y de salida. Como las Fuerzas Armadas están a cargo del orden interno del Vraem, para realizar operaciones contra el narcotráfico –en la zona donde se procesa el 70% de la cocaína– la Policía Nacional del Perú (PNP) debe pedir previamente permiso al comando especial. Esto, insisto, me parece un despropósito.
Nos queda, entonces, la lucha contra el grupo terrorista. Recientemente vimos el bombardeo y las operaciones helitransportadas contra campamentos del Militarizado Partido Comunista del Perú. Sin duda, es importante tener la iniciativa y la acción rápida cuando se tiene información fiable. Sin embargo, operaciones similares deberían enseñarnos que la guerra no es de posiciones. ¿Cuándo volveremos a esa estrategia en la que la inteligencia profesional era la punta de lanza más letal? Gracias a esta, se logró abatir a ‘Alipio’, ‘Gabriel’ y ‘Guillermo’. Lo mismo pasó en el Alto Huallaga con la captura de ‘Artemio’ y la muerte de ‘Clay’, entre otros.
Finalmente, ¿la interdicción aérea no letal contra las narcoavionetas marcará un hito en la lucha contra las drogas, como lo anunció el primer ministro? No. Supongamos, en un arranque de optimismo, que se corte esa ruta aérea, ¿qué impediría que la cocaína se desplace por las carreteras y ríos que, como vimos, están absolutamente abandonados?
En algún momento, espero no muy lejano, tendremos que discutir muy en serio lo que está pasando y lo que debemos hacer en el Vraem.