:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/BTQRA3RC3BCLTBZPYO73LRCEPA.jpg)
Estamos atrapados. Los destapes en el caso de la región Áncash son solo una punta del iceberg de corrupción. El desfile de presidentes regionales y alcaldes denunciados no parece detenerse.
El Gobierno no parece tener idea de lo que venía ocurriendo. Y si la tenía, no dio muestras de poder hacer algo. Ciego o manco, se muestra incapaz de enfrentar el tema de nuestra supervivencia.
Lo que está en juego no es la acusación sobre una u otra autoridad. Según denuncian muchos ciudadanos, en distintas localidades, el mal está extendido y es completo.
La corrupción de hoy involucra al poder político local y regional; pero, sobre todo, vincula a instituciones esenciales del Estado de derecho. Fiscales y jueces han sido piezas claves en la continuidad y escalamiento del crimen vinculado a la gestión de gobierno.
La regionalización ha demostrado ser un mecanismo de perversión del poder y de erosión de los mínimos estándares de moralidad. La aparición de inéditos recursos públicos en estos niveles condujo a la creación de poderes sin control ni vigilancia.
El Gobierno Central se ha mantenido impávido frente a este fenómeno. No tiene una propuesta y, al contrario, no parece ubicarse frente a la magnitud del problema.
Uno de los pocos presidentes regionales sin cuestionamientos fue César Villanueva. Lo sacaron de sus funciones, lo llevaron a una presidencia del Consejo de Ministros sin respaldo y lo dejaron sin piso. Luego de un inaceptable maltrato, provocaron su renuncia.
El caso contrasta con el trato que da el presidente de la República a su ex asesor de imagen Martín Belaunde Lossio, para quien pide consideración y respeto de sus derechos. Belaunde Lossio está prófugo, a raíz del requerimiento de las autoridades para que explique su participación en los hechos de corrupción y crimen de Áncash.
El caso del ex asesor de campaña revela dónde queda la energía en la lucha anticorrupción del presidente de la República. No hay en ese caso “caiga quien caiga”.
La diferencia de trato tiene que ver con el poder de la primera dama. Villanueva publicó sus diferencias con ella, mientras que Belaunde Lossio fue un diligente asesor financiero de ella durante la campaña del 2006.
Si el presidente de la República y la primera dama quisieran despejar toda duda sobre su vinculación con este personaje, tendrían que ser tajantes y contundentes en relación con la fuga de Martín Belaunde Lossio. Tendrían que exigirle que se ponga a derecho, tendrían que alentar a las autoridades a ubicarlo y a sentarlo frente a los tribunales.
La impunidad llega lejos cuando no hay autoridad. Cuando lo autoridad se cruza de brazos frente a la corrupción, solo cabe esperar su apogeo. Lamentablemente, eso es lo que estamos viviendo.
No sé si estemos a tiempo para revertir esta enfermedad corrosiva en el corazón del Estado de derecho. Si algo se necesita, siquiera para empezar, es una voz clara y firme de quienes tienen el poder político: el presidente y la primera dama.
