Autoridades sonámbulas

La protesta es un derecho. La toma de carreteras, un delito.

La situación de las carreteras en la Costa norte y sur es resultado directo de la ilegalidad como herramienta de gobierno.

El presidente Sagasti y el exministro del Interior, Rubén Vargas, creyeron necesario pasar al retiro a 18 generales de la policía nacional. Su objetivo era nombrar a un comandante general que fuera de su confianza.

Luego de las marchas en el centro de Lima, la policía cayó en desprestigio. El Gobierno no respaldó a la institución excluyéndola de lo que habrían cometido determinados agentes.

El presidente Sagasti dio una entrevista a cuatro periodistas. Ahí reveló el criterio del pase al retiro de los 18 generales PNP.

Unos, dijo, eran responsables de los hechos que terminaron con la muerte de dos jóvenes en las marchas. Otros estaban incursos en actos de corrupción. Tres o cuatro, agregó, no habían hecho nada.

Acusar a alguien de un ilícito sin pruebas o sin procesos es gravísimo. Atribuir hechos de negligencia funcional o delitos de corrupción a un grupo, sin individualizar y sustentar, una irresponsabilidad.

Las consecuencias se han dejado ver en las carreteras tomadas. Si el presidente no necesita respetar los procesos, las leyes y el orden, ¿por qué tendrían que hacerlo los demás?

Las protestas no se han debido a la prolongación de la vigencia de la Ley de Promoción Agraria. En diciembre del año pasado Martín Vizcarra, entonces presidente, expidió el Decreto de Urgencia 043-2019.

El artículo 1 del Decreto de Urgencia de Vizcarra dice que “tiene por objeto mejorar las condiciones del régimen laboral en el sector agrario” (“El Peruano”, 29. dic. 2019, NL, p. 6-7).

Los que piden mejoras frente al DU-043, ¿recién se dieron cuenta hoy de que no los beneficia? ¿Desde diciembre del 2019?

El decreto de Vizcarra duplica el límite mínimo de remuneración diaria, señala que no puede ser menor a la mínima vital, reconoce 30 días de vacaciones pagadas y establece un cronograma de aumentos en las contribuciones de las empresas al seguro de salud.

Hay seguramente empresarios que no se acogen a la ley o que no la respetan. Hemos oído testimonios de maltrato y abuso. ¿Se le debe echar la culpa a la ley o al maltratador?

¡Si el presidente no cree en el principio de la responsabilidad individual! ¡Si el presidente generaliza y culpa a generales de la PNP sin procesos ni denuncias formales!

Según la exposición de motivos del DU, que el gobierno anterior envió a la Comisión Permanente de entonces, Ica pasó de una población con 43,1% de pobreza en el 2004 a una del 3,3% en el 2017 (INEI, en Expos. de Motivos, p. 7).

El Congreso actual no observó ni objetó los contenidos del DU de Vizcarra. Ahora, frente a la toma de carreteras, ha resuelto derogar la ley.

El Congreso ya no legisla, sino la calle. El Gobierno ya no gobierna, sino la calle. Caminamos hacia la ley de la violencia como mecanismo central de la vida ciudadana. Hacia eso nos llevan, sonámbulas, las autoridades.