La calidad del gasto importa, por Gianfranco Castagnola

El primer mensaje a la nación del presidente Pedro Pablo Kuczynski puso especial énfasis en la necesidad de focalizar la acción del gobierno en los servicios de agua y saneamiento, salud, educación y seguridad ciudadana. El reto de mejorar la provisión de estos servicios es inmenso. Implica, primero, un esfuerzo de gestión pública que requiere de mucho liderazgo y capacidad de coordinación, pues hay que lidiar con tres niveles de gobierno (central-regional-local). 

¿Cómo mejorar el agua cuando en las 24 regiones fuera de Lima tenemos 49 empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento que pertenecen a gobiernos locales? Muchas de ellas, pese a su pobrísima gestión, se resisten a cualquier intervención del Gobierno Central. ¿Cómo mejorar los servicios de salud cuando los gobiernos regionales muchas veces hacen caso omiso a las políticas nacionales emitidas por el Ministerio de Salud? Una gestión eficaz, en un Estado disfuncional como el nuestro, será el primer gran desafío del Gabinete Zavala.

Un segundo desafío no menor será el de la restricción presupuestal. Los ingresos fiscales se triplicaron entre el 2004 y el 2014, cuando llegaron a S/128 mil millones. Desde entonces, se han reducido debido al menor crecimiento económico. En el camino, se incrementaron fuertemente los gastos corrientes –por ejemplo, el gasto en remuneraciones del Gobierno Central aumentó en 74% entre el 2011 y el 2016–. Por ello, el déficit fiscal está en 3% del PBI, su nivel más alto desde el año 2000. 

Si a esta fotografía le añadimos la intención del gobierno de reducir el IGV en un punto porcentual a partir del 2017, la capacidad de elevar el gasto dependerá de la triple y arriesgada apuesta por: una mayor recaudación que resulte de una reactivación inmediata y significativa de la economía; un mejor control, en corto plazo, de la evasión tributaria; y una respuesta pronta de los nuevos esquemas tributarios pensados para formalizar a las mypes.

Es por esta estrechez de recursos que la calidad del gasto público será especialmente importante. En este frente hemos cometido no pocos excesos en la década de abundancia que vivimos hasta el 2014. Nos embarcamos en la construcción de la Carretera Interoceánica Sur sin estudios previos, y terminó costando US$2.000 millones, el doble de lo presupuestado originalmente. En equipamiento de las Fuerzas Armadas, hemos gastado S/8.600 millones entre el 2012 y el 2016, a un promedio anual cuatro veces mayor que el que tuvimos entre el 2006 y el 2011. Construimos en Pisco un aeropuerto “a todo meter” por S/150 millones, que hoy solo atiende avionetas que sobrevuelan las Líneas de Nasca, pues no tiene demanda para vuelos comerciales. 

Iniciamos una inversión de US$3.500 millones en la refinería de Talara de Petro-Perú, empresa con deficiencias operativas reflejadas en su incapacidad de mantener adecuadamente el oleoducto. Nos embarcamos con ligereza a organizar los Juegos Panamericanos en Lima, con un presupuesto inicial de casi S/5.000 millones –y seguramente, como ha ocurrido en otros eventos similares en el mundo, terminará costando mucho más, sin que la infraestructura resulte de mayor utilidad para la ciudad–. 

En todas estas aventuras nos olvidamos de uno de los conceptos fundamentales de la economía: el costo de oportunidad de los recursos. Cada sol malgastado en un elefante blanco es un sol que pudo haberse gastado en algo más útil para la población. Los S/223 millones que gastaremos en construir un estadio de atletismo en San Isidro podrían tener, indudablemente, un mejor uso.

Pero la calidad del gasto no solo significa saber en qué gastar, sino cómo hacerlo. Las alianzas público-privadas pueden ser una mejor opción que la entrega de dinero a, por ejemplo, ineficientes empresas de saneamiento en provincias. O, como acertadamente ha adelantado el ministro Carlos Basombrío, utilizar el esquema de ‘renting’ para la provisión de patrulleros, donde el mantenimiento corre a cargo de la empresa que los alquila a la policía y no de los talleres de esta. Es lo que se hace en otros países y viene haciendo el serenazgo de La Molina.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha venido desarrollando instrumentos para mejorar la calidad del gasto y monitorear su eficacia desde hace varios años. Uno de ellos es el SNIP, que obliga a evaluar de manera técnica todos los proyectos de inversión pública.

El otro es el presupuesto por resultados: programas en los que la asignación de recursos se realiza en función de productos y resultados cuantificables en beneficio de la población. Una parte importante del presupuesto público ya se asigna de esta manera: se definen objetivos concretos –por ejemplo, cobertura de vacunación de niños en todo el territorio–; se determina las entidades responsables y los recursos que podrá aplicar; y se fija una metodología que genera información sobre los resultados tal que permite hacer un seguimiento de su cumplimiento e, incluso, otorgar incentivos por estos logros.

Estos instrumentos, con los necesarios ajustes y correcciones –sobre todo en el caso del SNIP–, son, sin duda, los puntos de partida para desarrollar una gestión eficaz orientada a resultados.

La legitimización de un gobierno tecnocrático como el del presidente Kuczynski dependerá, en buena medida, de la mejora en la calidad de la provisión de servicios para la población. Por ello, sus ministros tendrán que ser muy eficaces en la gestión y en el uso de sus limitados recursos. No será tarea fácil, pero sí posible de lograr.