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Los políticos están por crearle al país una nueva y profunda decepción sobre la política. En sus manos y en sus bocas, la política parece una pérdida de tiempo, un vertedero de pasiones absurdas y un desprecio por las necesidades del país.
Los políticos no son solo los de la oposición. También son los del gobierno.
Fuerza Popular plantea la moción de censura contra el ministro de Educación solo para hacer una exhibición de poder. No importa nada más, para ellos, que obtener una “victoria” frente al Ejecutivo.
Cuando el presidente Kuczynski habla de la “cuestión de confianza” pretende que pensemos en el paso siguiente. El paso siguiente es una eventual disolución del Congreso.
A la matonería no se le debe responder con una bravuconada. No es la calle, es el gobierno. Se equivocan ambos.
El mandato popular no es juego. Ambas partes juegan irresponsablemente con lo que el país les ha entregado. Se supone que nos iban a gobernar, no que iban a jugar Call of Duty o Warcraft.
La moción de censura no tiene sentido. La Constitución señala que el Congreso “hace efectiva la responsabilidad política” del ministro “mediante el voto de censura” (art. 132). La Constitución señala, luego, el número de votos necesario.
El número de votos es la parte formal. La parte sustantiva, la responsabilidad de hecho.
No basta la mayoría. La mayoría debe ajustarse a la ley. En este caso, a la Constitución.
La oposición no ha demostrado que haya “responsabilidad política” del ministro de Educación en los hechos imputados. La “responsabilidad política” no se puede determinar por un acto de voluntad.
Nadie es responsable de algo porque el otro diga que es responsable. Ni siquiera porque lo diga una mayoría. De otro modo, consagraríamos el linchamiento.
La responsabilidad, legal o política, tiene que basarse en una razón objetiva, en hechos. En la interpelación no hubo un solo argumento que señalara responsabilidad material o política del ministro.
El principal caso que sostuvo la interpelación es el de una compra de computadoras por 146 millones de soles a empresas que desviaron dinero a otras cuentas. La compra fue legal, y el desvío de fondos lo investiga la Fiscalía de Lavado de Activos.
La posición de la mayoría es insostenible. Si se aplicara a los gobiernos de Alberto Fujimori, habría que condenarlo por toda la corrupción que hubo en sus gestiones. Toda.
La mayoría no decide si hay la responsabilidad política solo por ser mayoría. Eso es inconstitucional.
Si seguimos ese criterio, la mayoría de la población debería investigar a Keiko Fujimori porque quien fue su segundo al mando, Joaquín Ramírez, es investigado por la DEA por lavado de activos. Responsabilidad política.
Nada de eso tiene sentido. Fuerza Popular debe reflexionar. No ha recibido una metralleta de juguete en el Congreso. Ha recibido un mandato del electorado. No puede jugar con el electorado.
Por su lado, el Gobierno debe dejar de lado las bravuconadas. No puede hablar de “cuestión de confianza”.
El ministro Saavedra no preside el Gabinete. Si lo censuran no se produce ninguna “crisis total del Gabinete”. Para eso tiene que plantearse una cuestión de confianza a nombre del Consejo de Ministros (Const., art. 133).
Solo si el Congreso censura a dos consejos de ministros, obtiene el presidente la facultad de disolver el Congreso. ¿Cómo podría la mayoría fujimorista votar contra dos consejos de ministros si eso llevaría a su disolución?
Las declaraciones del presidente y algunos de sus voceros, sobre este tema, son absurdas. El silencio hubiera sido mejor.
El problema para el país es que el Congreso no lee la Constitución y el Ejecutivo lee, pero no entiende. Grandes alharacas y gran irresponsabilidad.
La población, por su parte, solo espera que se atiendan los urgentes problemas de seguridad, de salud, de educación. No puede recurrir a las autoridades, porque las autoridades están demasiado entretenidas en esta política de fuegos artificiales y frivolidad.
