"Un camino para la calidad educativa", por Lourdes Flores Nano

LOURDES FLORES NANO

El debate de una nueva ley universitaria debiera partir de una pregunta inicial: ¿Qué se quiere lograr? En mi opinión, hay urgencia de alcanzar un objetivo: calidad educativa.
Yo me enorgullezco de exhibir mi título universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú (nombre que espero preserve superando sus actuales dificultades) y creo haber sido formada en una Escuela de Derecho de calidad internacional.  Mi vida profesional y mi relación con el mundo así me lo han probado. Sin embargo, todos somos conscientes de que esa no es la regla de la actual oferta universitaria. 

Sí cabe destacar, que la oferta se ha diversificado y que el egresado de quinto de secundaria no sufre hoy el drama de nuestra generación, trasladado hoy a los jóvenes padres de familia que buscan el ingreso de sus hijos de 5 años al colegio.

Si alcanzar calidad es el objetivo, propongo olvidarnos de la creación de una todopoderosa superintendencia, que se sueña garante de la nueva universidad peruana y que me temo será el remedo de la Conup del velascato.  Mirando en otra dirección, sugiero centrar el esfuerzo en fortalecer sistemas públicos o privados de acreditación. Algo de ese camino ha sido recorrido, pero urge poner voluntad política en la universidad, en la empresa y en el Estado. 
Constituyen importantes empeños en la dirección señalada, lo hecho por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (Coneau), los estándares aprobados para algunas carreras universitarias y los procesos emprendidos; aunque, con objetividad, me pregunto si los primeros procesos concluidos han otorgado, en todos los casos, realmente, un sello de calidad. También lo son, esfuerzos privados como los de Icacit, concentrados en las carreras de ingeniería. Igualmente, son dignos de destacar, los procesos seguidos por varias universidades para obtener acreditaciones programáticas en diversas entidades fuera del Perú. Esas acreditaciones les permiten exhibir, en esas carreras o maestrías, calidad equivalente a prestigiosas universidades del mundo. 

La acreditación tiene el mérito de nacer de un autoestudio. La entidad acreditadora pone unos estándares; la universidad se analiza; emprende correcciones y cuando siente cumplidos los requisitos, se somete al juicio de la evaluadora. El proceso involucra a toda la comunidad universitaria y con frecuencia obliga a cambios drásticos.  La entidad acreditadora, si reúne condiciones técnicas y morales, evalúa con rigor a la universidad, le propone correcciones y metas; y solo tras su cumplimiento, acredita a la entidad como apta para prestar un servicio educativo de calidad.  El proceso en sí, es aleccionador y obliga al cambio. 

Dice bien la propuesta de ley universitaria que solo una universidad acreditada puede conferir títulos a nombre de la nación. Suficiente. Todo lo demás, lo resuelve el mercado, la competencia y la inteligencia de estudiantes y padres de familia que sabrán distinguir a dónde ir y de dónde huir. 

Reitero que, en mi concepto, este es el camino a seguir.  Debe alejarse de toda politización y conducirse con enorme solvencia. 

Con un adecuado y eficiente sistema de acreditación, no hay tampoco razón para normas prohibitivas o artificiales medidas proteccionistas, como la prohibición de crear sucursales en las regiones del Perú. Tampoco hay cabida para el reiterado discurso contra la universidad- empresa.

Defiendo abiertamente la inversión privada en la universidad y en particular sostengo que el Decreto Legislativo 882, que permitió la creación de universidades-empresa, ha sido altamente positivo para el país.  Es evidente que la libertad de empresa ha generado en el mercado una oferta de calidad muy diversa.  Esa es la que corresponde cernir y filtrar con una acreditación adecuada. 

La universidad-empresa afrontael desafío de ofrecer un servicio universitario de calidad y asegurar rentabilidad. Algunos piensan que ese reto es imposible y que, pretender ser rentable conduce inexorablemente a un servicio que sacrifica calidad. Nada más lejos de la verdad. En el actual sistema universitario se constatan importantes esfuerzos por lograr ese binomio calidad-rentabilidad y, por eso, la crítica generalizada no solo es injusta, sino además falaz. 

Para que el juicio deje de ser subjetivo o prejuicioso, estándares referidos a: (i) objetivos educativos , perfiles profesionales y competencias del egresado universitario; (ii) infraestructura y planes de inversión a corto y mediano plazo; (iii) docentes universitarios, grados académicos y especialidad; (iv) grado de satisfacción del estudiante respecto del servicio que recibe; (v) percepción de la empresa respecto del profesional que egresa de la universidad; (vi) niveles de investigación y generación de saber que la universidad desarrolla; (vii) responsabilidad social de la universidad y de sus estudiantes y docentes son los llamados a diferenciar unas universidades de otras . Ellos nos permitirán saber, cuáles universidades merecen el nombre de tales y cuáles no. Más aun, como se ha indicado, qué títulos se ofrecen con valor oficial y cuáles no.  

El Perú vive un momento espectacular de su historia. La juventud peruana tiene un horizonte alentador que otras generaciones no tuvimos. Miles de hombres y mujeres a los que la vida no les dio oportunidad, incluyendo padres y madres analfabetos, han entregado sus vidas, su esfuerzo y su sacrificio para ver a sus hijos triunfar.  Esa nueva generación de milleniums se educa en las universidades peruanas y con frecuencia complementa sus estudios de pregrado y posgrado en universidades extranjeras. No es un debate menor preguntarnos con seriedad cómo consolidamos el destino nacional con una oferta educativa superior de primera. 

Estas líneas proponen un camino: estándares y acreditación universitaria. Confío que ellos nos traerán calidad. Con una oferta de calidad, confiemos la decisión a la libertad. La superintendencia y el intervencionismo sobran.