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Cuarenta y cinco días después de que un equipo de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada y de la División de Homicidios de la Dirincri asumiera desde Lima las investigaciones por el asesinato de Ezequiel Nolasco, César Álvarez y sus compinches se encuentran presos. Un ejemplo de lo que se puede hacer en la persecución del crimen cuando las investigaciones se ponen en manos capaces y no se interfiere con ellas.
El camino por seguir en el ámbito penal debería ser el mismo, tanto para terminar de desenredar la madeja corrupta y violenta en Áncash –donde el crimen de Nolasco es solo la punta del iceberg–, como para encarar los crecientes desafíos del delito complejo, que se extienden por las regiones y abarcan, entre otros temas, las extorsiones en todas sus facetas.
La nueva ley contra el crimen organizado, publicada en agosto del 2013, ofrece el marco idóneo para esta lucha, pues establece una jurisdicción nacional para los delitos más graves y nuevas disposiciones procesales penales, que contemplan las técnicas especiales de investigación. En estas se incluyen, entre otras, la interceptación legal de las comunicaciones, el agente encubierto y el seguimiento y vigilancia.
El problema está en que es necesario construir el sistema institucional encargado de aplicar la nueva ley, lo que aún no se ha hecho, por carecer de los recursos requeridos, puesto que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha aprobado su desembolso. Esto es grave, pues la necesidad de contar con esta herramienta es imperiosa y su entrada en vigencia ya se postergó una vez, de diciembre pasado a julio de este año. No podemos seguir perdiendo más tiempo.
La Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, que será la principal fiscalía encargada de dirigir las investigaciones en el marco de la Ley 30077, requiere, por ejemplo, cuadruplicar su número de fiscales, de los actuales 24 a alrededor de 100. La PNP necesita constituir una unidad especial de inteligencia e investigación criminal que trabaje con esta fiscalía. La Sala Penal Nacional, prepararse para un rápido incremento de su carga; y el sistema penitenciario, un mecanismo especial para el control de los criminales más peligrosos.
La inversión en este nuevo sistema se calcula que ascendería, en una primera fase, a unos 500 millones de soles, cifra que no parece desmedida, de cara a los beneficios que traerá su adecuada implementación.
Mientras que estas son las tareas en las que las autoridades deberían estar trabajando a paso redoblado, las últimas semanas hemos visto al Poder Judicial peleando para que no se le aplique la Ley Servir; al Ministerio Público, defendiéndose por los cuestionamientos a sus titulares; y al Ministerio del Interior, envuelto en los malos manejos de la Onagi.
Ninguna de las más altas autoridades del sistema de justicia penal ha llamado la atención sobre el preocupante atraso en la implementación del sistema para luchar contra el crimen organizado, ni ha expresado su indignación por ello.
