Capitanes de nada, por Juan Paredes Castro
Capitanes de nada, por Juan Paredes Castro
Redacción EC

A muchos de los que están a la cabeza de los poderes públicos, el incumplimiento de las leyes no parece decirles nada y el objetivo del bien común que ellas persiguen apenas si les preocupa.

Son y se sienten capitanes de procesos de legislación, promulgación y reglamentación de leyes. De nada más. Si pueden reclamar su rúbrica en cada uno de estos procesos, lo harán siempre encantados.

No son ni se sienten capitanes de leyes que funcionen. Es más, el consuelo de las excepciones del caso, por su alcance restringido, no le sirve finalmente al país.

Venimos siendo testigos, por ejemplo, de la incapacidad funcional y moral del Congreso para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. La capitanía legislativa en este tema no la ejerce el presidente del Parlamento, Fredy Otárola Peñaranda. La usurpa un trío de bancadas (la humalista, la fujimorista y la aprista) con una tiranía de veto cruzado orientada a dejar las cosas como están: con un Tribunal Constitucional hecho a la medida del tumulto jurídico.

El Congreso de la República divide su funcionamiento en tres tipos de parcelas: las muy escasas y expeditivas; las cautivas, de dominio del oficialismo y sus aliados; y las anárquicas, donde reinan algunas minorías fuertes. 

El hecho es que el nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional y del defensor del Pueblo, al igual que importantes reformas como la política y la electoral, no forman parte de ninguna agenda legislativa responsable y viable.

En este espacio político y social en el que las leyes de la República han pasado a constituir un inventario inútil y el balance de poderes una ficción, no hay quien quiera ni pueda ser capitán del Congreso de la República, dispuesto a ponerse al frente de las dificultades y los consensos. Sobran los capitanes de bancada. 
 
Son muy pocas las normas constitucionales y legales que se cumplen por acción tenaz y coercitiva del Gobierno, del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).  
 
Hace mucho tiempo que las capitanías de estos poderes están en crisis, sin que podamos esperar sanciones drásticas contra la criminalidad en el transporte urbano ni otras que nos permitan recuperar la confianza en jueces y fiscales; ni aquellas que pudieran garantizar la idoneidad de magistra dos que provienen de un Consejo Nacional de la Magistratura  sospechoso de obrar bajo la mesa.
 
Nos sentimos, pues, ciudadanos absolutamente desprotegidos dentro de un Estado confiado en su dirección y funcionamiento a quienes no se sienten capitanes de nada, cabezas de nada, responsables de nada.
 
En un vacío de autoridad así, resulta muy difícil pensar en la construcción de un sentido de futuro. No quisiéramos, por  supuesto, que la economía y su crecimiento tuvieran que pasar por esta pérdida de autoridad. Sus efectos podrían terminar erosionado lo mejor que hemos conseguido en los últimos veinte años en función del bienestar común.