Nuestras carencias políticas,por Felipe Ortiz de Zevallos

La próxima semana, representando a Transparencia, debo sustentar en CADE la necesidad de implementar diversas reformas políticas en una realidad tan compleja como la nuestra. En el esfuerzo de investigación para precisar mejor un diagnóstico relativo sobre nuestras carencias, descubrí en el Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI) un diagnóstico imparcial y bastante lúcido de las mismas. Este índice bianual es uno de tres que prepara y pretende medir la transformación hacia la democracia en 129 países. Hay también un índice económico que se refiere a las calidades de la economía de mercado y otro a la eficacia de la gestión. La Fundación Bertelsmann es la mayor ONG privada de Alemania y su objetivo es “inspirar a las personas para moldear el futuro”. 

Sobre 10 como nota máxima, el último índice de transformación democrática le otorga al Perú un promedio de 6,75. Como comparación, Uruguay obtiene un puntaje de 9,95, Costa Rica de 9,30 y Chile de 9,10. Incluso Bolivia, con 7,10, tiene una nota mejor que la nuestra.  

Para el caso peruano, las calificaciones parciales por cada elemento son las siguientes:

•El Estado y su monopolio en el uso de la fuerza (6). Se  menciona la existencia de enclaves territoriales ocupados aún por el narcotráfico, las guerrillas, la informalidad y el crimen organizado.   

•El reconocimiento de la legitimidad del Estado (9). Todos los individuos y grupos son reconocidos como ciudadanos y aceptan la validez y legitimidad del Estado Peruano.  

•La no interferencia de dogmas religiosos (9). El Estado es secular. El dogma religioso no influye en la política ni en la legislación, aunque existe un tratamiento preferencial en la Constitución a la Iglesia Católica que se traduce en temas educativos, remuneraciones y tributación.  

•La administración básica de gobierno (7). Se extiende por la mayor parte del territorio, aunque no por todo, y su atención sigue siendo desigual y deficiente. La descentralización, aunque intensamente reclamada cuando se dictó, se ha vuelto un factor de inestabilidad política al exponer a autoridades locales poco preparadas para atender demandas sociales crecientes. 

•Elecciones libres y justas (9). No hay mayores reparos al sistema vigente. 

•Poder real para gobernar (7). Se han atenuado mucho los vetos tradicionales históricos. Los militares se someten al control civil. Sin embargo, existe una “sociedad civil cocalera” que se resiste al aparato estatal.

•Derechos de asociación libre (8). No hay limitaciones para  establecer organizaciones cívicas y políticas, pero el alto grado de informalidad y la variedad de trámites formales impiden la adecuada maduración de las mismas en la sociedad civil.

•Libertad de expresión (8). Aunque es irrestricta en teoría, hay  temas como el de la lucha contra la corrupción que generan repetidas amenazas contra periodistas, especialmente a nivel local. 

•Separación de poderes (7). Establecida por la Constitución, aunque el Ejecutivo suele reconcentrar atribuciones debido a la poca funcionalidad del Congreso y a la crisis operativa del Poder Judicial. 

•Independencia del Poder Judicial (6). La judicatura es una de las instituciones más débiles e ineficientes, con la excepción de algunas instancias como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y los juzgados de paz.  

•Enjuiciamiento del abuso de poder (6). No suele ser suficientemente imparcial. La corrupción suele quedar impune gracias a estratagemas de procedimiento, legales o políticas.

•Derechos civiles (6). Se respetan en principio, aunque  muchas veces no en la práctica. En algunas regiones del país, la debilidad del Estado y la lentitud judicial impiden el ejercicio pleno de los derechos civiles.  

•Desempeño de instituciones democráticas (7). La descentralización se llevó a cabo con precipitación y sus resultados no son del todo satisfactorios. Hay ineficiencia como resultado de una superposición de funciones, carencia de profesionalismo en la gestión, y corrupción. 

•Compromiso con instituciones democráticas (7). La gran mayoría reconoce su validez y legitimidad, pero la intensidad del compromiso es uno relativamente débil. 

•Sistema de partidos políticos (4). En su conjunto, resulta poco estable, no se encuentra debidamente enraizado en la población, muestra una alta fragmentación y volatilidad, y las relaciones entre los mismos tienden a ser unas inmaduras y polarizadas. 

•Grupos de interés (5). La sociedad peruana es muy diversa y fragmentada. Hay poca capacidad para articular eficientemente los diversos intereses legítimos de los distintos grupos sociales.

•Aprobación de la democracia (5). En las encuestas de opinión pública, resulta una de las más bajas de la región.  

•Capital social (5). Igualmente, la confianza interpersonal es comparativamente bastante baja. Solo un 13,2% de la población considera que se puede confiar en la mayoría de las personas. 

Este índice de transformación política hacia la democracia es, en el Perú, comparativamente inferior al de su transformación económica, mientras que en la gran mayoría de los países de la región es a la inversa. Una comprobación más de la necesidad de aplicar reformas. 

Cualquier sistema democrático debe responderse tres preguntas: 

•¿Cómo lograr el progreso y el bienestar con un mínimo de violencia y represión?

•¿Cómo asegurar que el ejercicio del poder, por legítimo que sea, no derive en su abuso?

•¿Cómo ampliar la participación ciudadana de la población?

Responderlas bien constituye la tarea esencial del próximo gobierno.