Caso Ecoteva: la fiscal Parco da vergüenza, por Aldo Mariátegui

El blindaje a la pareja Toledo-Karp clama al cielo: directamente el presidente del Congreso, Fredy Otárola, impide que el informe del Caso Ecoteva sea debatido al no ponerlo en agenda, mientras que la fiscal Elizabeth Parco no solo no los incluye en su acusación (que era lo mínimo, a juzgar por los indicios y las mentiras), sino que le ha enviado tal mamarracho de denuncia –donde solo implica a una octogenaria que jamás será extraditada desde Bélgica– al juez, que a este no le ha quedado más remedio que devolverlo al Ministerio Público. O Parco es una incompetente sideral o ya tenemos que pensar muy mal. Y lo de Otárola es un encubrimiento deliberado.

De arranque le encuentro varias fallas severas a la nueva ley universitaria:

1) El debate ha sido muy rápido y totalitario para una norma tan importante. Esta ley debió discutirse y votarse artículo por artículo, tal como pedía la oposición. ¡No meterla así al caballazo, encima obviando la segunda votación confirmatoria!

2) Debió exigirse que todas las universidades paguen el Impuesto a la Renta. Ninguna actividad lucrativa debe tener corona aquí. Si ganas plata, pues paga tus tributos.

3) Errado quitar el bachillerato automático. No estamos en los 50, donde el cansino ritmo de vida permitía estos lujos académicos: el tiempo sobraba y la competencia laboral escaseaba. Un estudiante acaba su carrera y lo que necesita es entrar cuanto antes al mercado. Dificultarle esta inserción con una tesina es una exquisitez renacentista, no acorde a las velocidades del siglo XXI. Ya en mi época esto de hacer tesis para bachillerato era una rémora, y por eso no me extraña que el régimen fujimorista haya eliminado este requisito. Baste y sobre con que hayas aprobado tus cursos para que seas bachiller.

4) Es peligrosísimo que los estudiantes participen en la elección del rector con un esquema de voto universal. Lo único que eso generará es que la extrema izquierda capture los rectorados de las universidades públicas (sobre todo de provincias).

Aquí debo puntualizar que yo no creo en la demagógica autonomía universitaria para las universidades públicas, aquellas financiadas por nuestros impuestos. ¡Nada de islitas feudales! ¡Qué dañina fue la Reforma de Córdoba de 1918 para la universidad pública latinoamericana, pues la hiperpolitizó! Ya vemos como en esta se organizan “argollas” entre los profesores para capturar el poder y medrar, imponiendo la mediocridad, la politiquería, la corrupción y el amiguismo. El Ministerio de Educación es quien debe elegir a los rectores de las universidades públicas.

Lo que sí me parece perfecto es que se acaben “los estudiantes eternos” en las universidades públicas. Te desaprueban a la tercera en un curso y te vas. ¡El contribuyente no tiene por qué estar financiando zopencos, politiqueros o parásitos con sus impuestos!