Chantaje a la OEA, por Juan Paredes Castro

La OEA podría haber calculado cualquier cosa en la vida de su Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de su Relatoría de Libertad de Expresión, menos que el capricho autoritario de un presidente, como el ecuatoriano Rafael Correa, los pueda llevar a la total extinción.

Se trata precisamente de las únicas instituciones de la OEA que funcionan bien y que precisamente por eso constituyen, gracias a su autonomía y recursos independientes, una garantía de vigilancia y justicia de los derechos humanos y civiles en la región.

Sería realmente grave y humillante que países a los que les ha costado tanto alcanzar la democracia y las libertades (prácticamente la mayoría del hemisferio) terminen cediendo a la propuesta de Correa de prohibir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría de Libertad de Expresión (RLE) obtengan legítimos financiamientos externos para sus programas, más allá de los propios, que sin duda son pobrísimos.
 
Y que tengan que ceder, además, a la revisión de los estatutos y mandatos que han hecho de la Relatoría de Libertad de Expresión un referente respetable en la comunidad hemisférica democrática.

A Correa y a sus homólogos que lo acompañan en el coro y en la suma de acciones contra los medios de comunicación independientes, no les basta haber copado el control de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de sus respectivos países (Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela y Nicaragua). Necesitan, como lo advertía el editorial de ayer de El Comercio, bloquear las instancias judiciales y fiscalizadoras de la libertad de expresión interamericanas y si es posible ir más allá de ello, hasta lograr su control político.

¿En qué consistirá, al más corto plazo, el control político de la CIDH y la Relatoría de la Libertad de Expresión, una vez que languidezcan con sus presupuestos recortados y bloqueados?

Para comenzar, en el aprovechamiento venal de su debilidad al servicio de los proyectos autoritarios de siempre, pero también de esa otra tentación que ronda en la región: la regulación de los medios de comunicación y sus contenidos y la interferencia en los contenciosos judiciales, como de hecho ya lo tiene el Perú con la evaluación que viene haciendo el gobierno para consultar a la corte de San José sobre la asociación entre Epensa y El Comercio, asunto judicializado en el fuero interno peruano.

Reconoceríamos la coherencia del Estado Peruano si al tiempo de dar una batalla en defensa de la autonomía de la CIDH y de la Relatoría de la Libertad de Expresión, dejara de prestarse menos, a través de funcionarios acomedidos, a la tentación de consultas externas no solo impertinentes sino además pasivas de denuncia ante el Congreso por infracción constitucional. 

Los estados del hemisferio que se reconocen realmente democráticos no pueden caer en el chantaje que lamentablemente ha caído la OEA, desde el momento en que ha admitido a negociación una propuesta ecuatoriana que vulnera sus principios fundamentales.