Chavín de Huántar, por Luis Giampietri

LUIS GIAMPIETRI ROJAS

Vicealmirante AP y ex rehén del MRTA

En la mayoría de los casos de acusaciones que se hacen a los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales, y a todos los ciudadanos, los tiempos sí son relevantes. Y aunque hay que tomarlas con calma, suben y bajan los expedientes, los tiempos discurren y los costos de los juicios suben con cargo a los propios acusados. Por decir lo menos, es injusto: 18 años son muchos.

¿Pero quiénes son los autores de este juego perverso? Algunas ONG que lucran con la desventaja de los militares (que de acuerdo a ley no son deliberantes) y quienes deben soportar estos maltratos a cualquier costo.

Chavín de Huántar es un caso emblemático de estas tropelías jurídicas. Desde que se inició el gobierno del Dr. Paniagua comenzó a llegar a la Corte Interamericana un torrente de acusaciones presentadas a la Comisión de Derechos Humanos (organismo no vinculante), entre otros, presentadas por las diversas ONG. Esta instancia que, como es sabido, tiene un alto porcentaje de personas de diversos oficios que tienen una ideología de izquierda, de tendencia antimilitarista.

Es allí donde las ONG dirigen sus baterías de acusaciones sobre las supuestas violaciones de derechos humanos. Organizaciones que cuentan con abogados con experiencia en estos temas que, a su vez, son asistidos por una impresionante maquinaria económica y jurídica que incluye el aporte de los amigos de la corte o amicus curiae (grupos de abogados nacionales y extranjeros que les complementan datos necesarios para hacer una acusación con posibilidades de éxito), mientras que, al otro lado, los miembros de las fuerzas del orden deben luchar en desventaja económica y contra las grandes campañas mediáticas que son parte de la guerra psicológica desarrollada por las ONG.

Es en esta instancia de la comisión en donde se han realizado las mayores injusticias. En un comunicado del 22 de febrero del 2001, la Comisión de Derechos Humanos da cuenta de un hecho inaudito por el cual el Perú acepta el allanamiento en 165 casos que benefician a 211  personas, muchas de ellas presas por terrorismo.

Por intermedio del ministro de Justicia y el ministro de Relaciones Exteriores, en ese momento se da a conocer un comunicado en el que este último expresa “que en nombre del Estado Peruano señalo que en el nuevo marco de la política gubernamental del Perú en materia de protección de los derechos humanos, y como parte de un conjunto de medidas que ha venido adoptando el actual gobierno a nivel nacional e internacional relacionadas con la recuperación  de la institucionalidad democrática y la reconstrucción del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en el Perú, el Gobierno del Perú presenta una propuesta amplia para dar solución a un número importante de casos (165) que supera el 50% de todos los que en relación al Perú se encuentran bajo la competencia de la CIDH”. Es decir, el Perú se allanaba sin defenderse a estos casos, y más aun, se iniciaron las revisiones de los juicios que habían sido llevados por el gobierno del presidente Fujimori, lo que permitió la salida de las cárceles de muchísimos terroristas, algunos de los cuales hoy agitan el país.        

Una vez decidido el pase de la causa a la corte, los acusados se encuentran con un grupo de abogados cargados de una enorme tendencia ideológica, principalmente antimilitarista, que han hecho que de los 30 casos que les han llegado de acusaciones contra militares y policías del Estado Peruano, los 30 se hayan perdido y el Estado se haya visto obligado, en la mayoría de ellos, a reiniciar juicios ya sobreseídos y cargar con las reparaciones que son ordenadas por la corte a los familiares de los terroristas.

Desde que salí del Congreso, manejo un cuadro en el que  se contabilizan los importes de 20 casos de los 30 presentados a la corte, que corresponden a los terroristas que reclaman a través de las ONG por un monto de más de 20 millones de dólares. 

Impresionante cifra si se compara con las magras reparaciones entregadas a los familiares de las víctimas militares  asesinadas por los  terroristas, y mucho más dramáticas comparadas con las reparaciones de los miles de civiles muertos por Sendero Luminoso y el MRTA, cuyas reparaciones han sido irrisorias.

Increíblemente, la parcialización de la corte es aun mayor. En la superioridad de los casos ordena que se den compensaciones escolares, becas universitarias, erigir bustos (como fuera el caso de Huilca, a pesar de que en este caso Sendero Luminoso aceptó haber realizado el atentado y se le asignaron a sus familiares US$270.000 de reparación), brindar atención y tratamiento psicológico a los familiares, disculpas públicas del Estado, etc. El caso de Leonor La Rosa, que en ceremonia pública el propio presidente de la República, Dr. Alejandro Toledo, acompañado por congresistas y ministros, entregó un cheque por US$120.000. Dicho sea de paso, luego se demostró que todo había sido una farsa, pero el dinero no se recuperó.

El mundo al revés. Ahora estamos esperando la decisión final de la corte, y debo confesar que soy escéptico. Se nos dice que sancionarán al Estado, que no nos preocupemos. Sin embargo, esto es una verdad a medias, una falacia, pues la sentencia tendría que solicitar investigar de nuevo y sancionar.

¿Qué tendría que pasar en ese caso? ¿Quiénes serían los testigos? Pues nuevamente los comandos y los rehenes, con lo que el secuestro continúa, como dice mi libro “Rehén por siempre”. Repito que algunos casos llevan más de treinta años en giro en el Poder Judicial. ¿Pero qué importa? Al final, los acusadores recibirán jugosas sumas de dinero del Estado y los militares permanecerán en la ignominia y la humillación.