Cinco son multitud, por Carlos Basombrío Iglesias

Van tres semanas seguidas en las que el presidente debe acudir a un programa dominical nocturno para defenderse de acusaciones de corrupción de distinto calibre y gravedad. En los tres casos, ha negado las acusaciones, atribuyéndoselas a terceros complotando contra él en represalia por su lucha contra la corrupción.

Llevamos ya casi cinco años conociendo sobre muchísimos casos de posible corrupción en el poder y me parece que este es uno con indicios bastante sólidos y con comprobaciones suficientes; al menos para la etapa en la que se encuentra.

Parto del principio de que, si la acusación tiene cuatro patas, mueve la cola y ladra, entonces estamos frente a un perro. Pero para el presidente, pese a todas las características anteriores, estamos frente a un gato. Es verdad que él es un gato panza arriba cuando se trata de defenderse, pero eso no necesariamente prueba que el gato es inocente de haberse comido al canario. Da cuenta, eso sí, de una extraordinaria habilidad para la respuesta efectista, para el cambio súbito de tema y para la victimización.

El presidente sostuvo que se venían nuevas acusaciones contra él. Lo dijo en dos oportunidades durante la entrevista con Augusto Thorndike. Al día siguiente, ya no fueron cuatro, sino cinco los aspirantes a colaboradores eficaces que lo sindican.

Todo esto me genera una profunda decepción. Hasta hace pocos meses, pensaba que el presidente Vizcarra podía cometer muchos errores, pero que era auténtico en su compromiso contra la corrupción.

Creo que la discusión principal en el Congreso ya no debería ser si hay material suficiente para una vacancia política por “incapacidad moral permanente”, sino cuánto daño podría hacerle al país que el Congreso la promueva y pueda, eventualmente, conseguirla.

Falta muy poco para que termine su mandato, estamos inmersos en un proceso electoral para reemplazarlo y –quizá lo más preocupante de todo– la presencia del señor Manuel Merino en Palacio de Gobierno sería un mal mayor. Para comenzar, porque él es muy representativo de las características que priman en este Congreso y, en consecuencia, garantizaría que todo lo aprobado en la plaza Bolívar tenga un tránsito fluido hacia la Plaza de Armas. Sobran los ejemplos de las barbaridades que perpetran. No parece, además, que el señor Merino tenga ideas muy claras sobre lo que constituye ejercer esa función, ni condiciones para armar un equipo de gobierno. No creo que se atrevería a tratar de quedarse dos años más en el poder –como Vizcarra ha dicho para asustarnos–, pero en nueve meses hay tiempo suficiente para parir un Frankenstein.

Es verdad que un argumento en contra de la permanencia de Vizcarra es el enorme poder que tiene un jefe de Estado y cómo este podría ser usado para influir en las investigaciones en su contra. De hecho, hay un audio que prueba su vocación por hacerlo: “Aquí lo que queda claro es que, en esta investigación, estamos todos involucrados y la estrategia es, para salir de esto, todos en conjunto”.

En ese sentido, se requiere una actitud muy vigilante de la ciudadanía para evitar cualquier afectación que un presidente en funciones pueda producir en las investigaciones en su contra.

La fiscal de la Nación ha tenido ya una decisión que suscita dudas. Ricardo Uceda, en su columna El informante en “La República”, ha señalado que “Ávalos ha reforzado las sospechas sobre su falta de imparcialidad respecto de Vizcarra en el Caso Swing: omitió el delito principal en la calificación del expediente”.

Con este antecedente, preocupa su decisión de quitarle el caso al fiscal Germán Juárez Atoche del equipo especial Lava Jato, que ha llevado el tema durante años y que ha logrado colaboraciones eficaces muy importantes. No se trata de desmerecer al otro fiscal, sino de constatar que esta innecesaria decisión, en el menos malo de los casos, retrasaría significativamente una investigación ya avanzada.

Coda: Si de atenta observación ciudadana se trata, hay que estar muy atentos a la elección de los seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en el Congreso. Pese a haberse comprometido a escuchar con seriedad las objeciones y las sugerencias de organismos públicos y privados, la semana pasada se aprobó apresuradamente un reglamento alarmante. Por ejemplo, se acepta la postulación de quienes obtengan una clasificación de 2 sobre 12 en solvencia moral y 1 sobre 5 en trayectoria profesional. Ello evidencia que no esperan ni aspiran a contar con gente de comprobada probidad y valía profesional. Más bien, parece que preparan una “repartija”. Algo así como: un magistrado para cada una de las seis bancadas que parecen parte de esta trama. Estamos frente al riesgo de un TC pagando favores políticos e, igual de alarmante, fallando a favor o en contra cuando lo que hay en juego es mucho dinero.