Levantar la voz con energía

Según el Código Procesal Penal, un colaborador eficaz “es la persona natural o jurídica que se encuentre o no sometida a un proceso penal, así como con quien ha sido sentenciado, en virtud de la colaboración que presten a las autoridades para la eficacia de la justicia penal”. Léase, delatar a compinches para reducir sus sanciones.

Es un proceso largo, porque no se acepta la palabra del aspirante a serlo, sino que se requiere la corroboración de sus dichos. Al final, son los jueces los que deciden si lo aceptan como tal.

No es un invento peruano, recoge la experiencia exitosa de muchos otros países en enfrentar situaciones que, de otro modo, quedarían impunes.

El objetivo de la ley aprobada recientemente por el Congreso es reducir significativamente la eficacia de esa herramienta, poniéndole plazos casi imposibles para la corroboración, privándonos de este instrumento en la lucha contra la corrupción y múltiples otras modalidades de crimen organizado.

A la vez, desalienta a futuros posibles colaboradores eficaces, cuyos abogados les dirán que no tomen ese camino, porque con la nueva ley probablemente no logren corroborar sus dichos a tiempo y terminen confesando sin ningún beneficio.

También se elimina la posibilidad de que parte de la corroboración sea vía la declaración de otro colaborador eficaz. Un cambio que, como señala el penalista César Azabache en un tuit, parece pensado para favorecer a Pedro Castillo, dado que la fiscalía tiene 18 colaboradores eficaces en sus casos.

No es la única ley profundamente nociva que ha aprobado este Congreso. Pero esta, a la vez de hacerle un grave daño a la sociedad, les sirve a ellos para protegerse.

Casi todas las bancadas tienen congresistas con diversos problemas con la justicia, sea porque se les investiga o acusa por asuntos que precedieron a su elección, sea por hechos ocurridos en su mandato, o por ambas cosas. Es el caso, por ejemplo, del congresista por Puno Jorge Flores Ancachi, detenido y llevado a la fuerza al juicio oral en el que, sabemos ahora, se pide diez años de prisión en su contra. Sabíamos desde antes que es uno de los seis ‘Niños’ primigenios.

En los mismos días, se aprobó la ley que permite que maestros con tres años de contrato sean nombrados automáticamente. La reacción de la ministra de Educación fue inmediata, denunciando que, entre otras cosas, se afecta la igualdad de oportunidades de miles de maestros que han logrado su nombramiento en función de sus méritos.

Según la procuradora Silvana Carrión, si esta otra entra en vigencia, se caerían 54 colaboraciones eficaces en curso, entre Cuellos Blancos y Lava Jato. Cabe preguntarse, así, si las más de 200 conversaciones con Los Cuellos Blancos del ministro Daniel Maurate han influido en su tímido “todavía no tenemos posición técnica”; como si hubiese que hurgar en muchas bibliotecas y consultar a múltiples especialistas para recién percibir el daño a la búsqueda de la justicia.

Añadamos que esto afecta también múltiples procesos penales complejos vinculados al crimen organizado. Ello, cuando estamos enfrentando inéditos niveles de criminalidad en las ciudades, por la presencia de organizaciones más complejas y de carácter internacional, operando delitos como extorsión, secuestro, explotación sexual y tráfico de personas.

La norma es aún más peligrosa si tomamos en cuenta, también, que el narcotráfico está creciendo a gran velocidad. Así, del 2018 al 2022, se han casi duplicado las hectáreas de coca ilegal. Sobre todo en Loreto, Ucayali y Madre de Dios, de la mano de la activa presencia del Comando Vermelho, una poderosa organización criminal brasileña.

Aun si el Gobierno, sintiendo la enorme indignación que ha causado esta norma, la observa, hay un altísimo riesgo de que el Congreso vuelva a insistir en ella.

Limitar de esta manera la colaboración eficaz es casi como dar carta blanca al crimen organizado y a la corrupción. Tenemos que levantar la voz con toda energía, antes de que sea demasiado tarde.