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Dos derrames de crudo de la estatal Petro-Perú afectaron seriamente a la comunidad nativa de Cuninico, en junio pasado. Se contaminaron cuerpos de agua utilizados por los comuneros para abastecerse de esta y pescar, se devastó la flora y fauna de varias hectáreas y los pobladores, especialmente los niños, padecieron diarreas, manchas en la piel y alergias.
Ideológica y conceptualmente el derrame en Cuninico nunca debió ocurrir en una sociedad supuestamente libre. El Estado, al convertirse en contaminador a través de su empresa petrolera, incumple su razón de ser y atenta contra los derechos mismos que debe salvaguardar como protector de sus ciudadanos. El Estado empresario que compite con los privados es una señal de que la sociedad libre empieza a retroceder.
En el siglo XIX se empezó a perfilar la economía de mercado, el único sistema económico que ha logrado sacar a millones de seres humanos de la pobreza, propiciando que las masas accedan a bienes, servicios, oportunidades y derechos que jamás antes tuvieron. La historia demuestra que solo mediante la economía de mercado se genera riqueza, hay prosperidad y se eleva la calidad de vida de las mayorías.
En este modelo la sola existencia de empresas estatales que compiten con privados, genera distorsiones perversas y sus fracasos afectan al conjunto de la sociedad. Las anacrónicas estatales promueven la burocratización, profundizan la corrupción gubernamental y han mostrado ser infinitamente irresponsables con la protección ambiental. Los mayores pasivos ambientales del Perú corresponden a la época de la dictadura socialista de Velasco, cuando el Estado se convirtió en gigante “empresario”, incompetente y contaminador. No estamos dispuestos volver a experimentar lo que ya fracasó.
Petro-Perú podría ser sancionada por el OEFA como ente fiscalizador competente, con hasta S/.152 millones por esos derrames. Así tenemos que si una empresa privada es multada, el dinero sale de sus accionistas y ellos son los únicos perjudicados, pero cuando una estatal, como Petro-Perú, debe pagar una millonaria multa surgen serias distorsiones: se viola el espíritu de los tributos y los contribuyentes pagan el fracaso del Estado “empresario”. Esa, sin duda, no es la idea en un Estado de derecho moderno, y menos aún si los afectados (sea por la contaminación o el desvío de sus impuestos) no tienen injerencia alguna en la empresa.
Los estatistas afirman que Petro-Perú “es de todos los peruanos”, ¿quién, de “todos los peruanos”, puede designar a ese directorio o nombrar a sus gerentes? Ninguno, solo el gobierno de turno.
Miembros de esta administración como el ex velasquista Salomón Lerner Ghitis –ex presidente del Consejo de Ministros– fustiga al Gobierno para que promueva una industria petroquímica estatal. Petro-Perú, a su vez, explotará el lote 64 (Loreto) con la argentina GeoPark. Los fracasos de esta nueva aventura las asumiremos, ahí sí, “todos los peruanos”.
El Gobierno está descuidando las funciones principales del Estado y burocratizándose para responder a intereses de funcionarios de turno y, por acción u omisión, viola derechos ciudadanos, económicos y constitucionales. Cuando el Estado juega a ser empresario ocurre algo peor que un salto al vacío: es una señal que la sociedad libre empieza a retroceder y con ello el Estado de derecho moderno. Ya basta de dejarnos manipular por retórica romántica y demagógica que no deja avanzar.
