El vaguísimo y peligroso concepto de ‘incapacidad moral permanente’ nunca encontró un expositor más preciso y fiable que Pedro Castillo. Y para arribar a esa conclusión no es necesario profundizar en todos los desaguisados protagonizados por el Ejecutivo (investigaciones por corrupción, reuniones clandestinas en Sarratea, agresiones contra la prensa, presunto financiamiento ilícito de la campaña de Perú Libre, salida de Bolivia al mar, etc.), basta concentrarnos únicamente en una constante: la reticencia presidencial a nombrar a funcionarios capaces y sin un prontuario de terror.
Con cada designación que regala a un aliado deleznable, el presidente Castillo le roba a todos los peruanos la oportunidad de vivir mejor. El expresidente Francisco Sagasti decía en una reciente columna que el profesor chotano no sabe distinguir “entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal”. Discrepo, el presidente Castillo sí distingue entre el bien y el mal, y escoge lo peor.
Así, desfilaron por el Consejo de Ministros Guido Bellido y Héctor Valer, Iber Maraví y Juan Francisco Silva, Walter Ayala y Luis Barranzuela, Carlos Gallardo y Ciro Gálvez.
El jefe del Estado prefiere amenazar la salud de millones de peruanos con Hernán Condori a la cabeza del sector, quien a su palmarés de agua arracimada ahora puede sumarle la salida de la jefa del equipo técnico de Inmunizaciones y la dramática desaceleración en el ritmo de vacunación contra el COVID-19.
El mandatario antepone su alianza con Vladimir Cerrón y coloca como ministro al cuestionado Carlos Palacios, que ni siquiera cumplía con el perfil para ser director regional de Energía y Minas en Junín, según advirtió la Contraloría General de la República. Mientras tanto, la inversión privada minera registra una proyección de nulo crecimiento para el 2022 y una caída del 15% para el 2023 (BCR), desperdiciando así los precios históricos del cobre y quitando oportunidades de crecimiento a todo el país.
Un drama que se repite en Petro-Perú, la empresa estatal cuya situación financiera se agrava en la sombra y su calificación crediticia se va al suelo al mando del renunciante Hugo Chávez, investigado por corrupción y con impedimento de salida del país, y que se mantuvo inexplicablemente en el cargo porque gozaba “de la confianza del presidente” (Chávez dixit).
Para no perder la costumbre, Castillo nombró en los últimos días a Félix Chero ministro de Justicia, quien fue abogado defensor de un condenado por violación a una menor de edad y ha sido procesado por el delito de patrocinio ilegal.
Algunos dirán que, pese a apañar a todos estos funcionarios, la responsabilidad penal de Castillo en las tramas de corrupción y tráfico de influencias aún no ha sido corroborada, pero ¿cómo confiar en la entereza moral de alguien que se comporta como el primer cómplice de la nación?
La connivencia no es exclusiva de Palacio de Gobierno y se exhibe bochornosamente en plaza Bolívar. Prácticamente todas las bancadas, con la excepción de Avanza País, el Partido Morado y algunos pocos legisladores con voz propia, parecen más interesadas en conservar su propia curul antes que en efectuar el control político.
Mientras tanto, la paciencia de la ciudadanía se agota y el “que se vayan todos” se convierte en el magro consuelo que canaliza el hartazgo de propios y ajenos, que no quieren ver a ningún actor político con ínfulas de vencedor.
La renuncia forzada parece ser la única ruta de escape frente a los políticos cómplices de su mutua inmoralidad.
PD: Este miércoles 23 presentaremos mi libro “Polítika vs. Prensa” en la librería El Virrey, en Miraflores, con la participación de Rosa María Palacios, Paola Ugaz y José Alejandro Godoy. Están todos invitados.
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