Transparencia pública y cobertura periodística

Hace tres semanas aproximadamente, dos periodistas de El Comercio fueron retirados de la sala del Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en la que se había programado una sesión con la presencia del alcalde Rafael López Aliaga y los regidores, para tratar el tema del pedido de suspensión del regidor Julio Gagó Pérez (Renovación Popular) por tráfico de influencias.

La audiencia debió ser pública, amparada, tal como en esa oportunidad denunció este Diario, en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, que en su primera parte establece que “las sesiones del concejo municipal son públicas, salvo que se refieran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al honor, la intimidad personal o familiar y la propia imagen”. Hay que precisar que la excepción de la norma no se aplica a este caso.

La actitud de los funcionarios de la comuna limeña, en esa oportunidad, levantó todas las alertas por la falta de transparencia hacia los medios de comunicación. Independientemente de la carga de cuestionamientos con la que ya viene Gagó como regidor municipal y sus antecedentes políticos, el tema que nos atañe ahora es la falta de apertura de la Municipalidad de Lima hacia la prensa o que el acceso se efectúe a discreción de algún funcionario según el contexto político o social.

Situaciones como esta ocurrieron durante la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio. Ya entre el 2007 y el 2010 (segundo período de gobierno municipal) los periodistas comenzaron a tener problemas para conseguir información sobre los proyectos municipales, y la situación se agudizó en el último período del 2015-2018. Las puertas de la sala de sesiones del concejo permanecieron cerradas para los cronistas. En aquellos años era imposible tener detalles de lo que sucedía en el interior de la sala, de los debates y de las decisiones que se tomaban para bien o mal de la ciudad, a través de ordenanzas, directivas y acuerdos. No se conocía bien cómo se construía el discurso de los regidores de oposición y del oficialismo, ni la forma cómo se deliberaba y gestionaba el debate y su interacción con el burgomaestre.

En el Congreso de la República pasó algo similar. Al inicio, en el 2020, esa medida estaba justificada por la pandemia del COVID-19, pero la decisión restrictiva continuó durante el 2021 y también en el 2022, período en que la congresista María del Carmen Alva asumió la presidencia de la Mesa Directiva. Los periodistas fueron separados en un ambiente en los exteriores de la sede del Legislativo en la avenida Abancay y, luego de constantes protestas a las que se sumaron instituciones como el Consejo de la Prensa Peruana e IPYS, se les dio acceso progresivo en junio del año pasado.

Ahora, transmitir las sesiones del concejo municipal a través del Facebook Live, como fue divulgada la del miércoles 24 de mayo pasado para debatir el caso de Julio Gagó; o difundir en directo a través de los formatos digitales de otras redes sociales (Twitter, YouTube, etc.), o la televisión y la radio, las sesiones del pleno del Congreso son muestras de transparencia pública. Podemos afirmar que esto es así.

Sin embargo, desde la perspectiva de la cobertura informativa, que forma parte de la rutina diaria, la presencia del periodista en el lugar en el que ocurren los hechos se vuelve una condición indispensable para recoger y captarlos mejor. Los periodistas (con el perfil polivalente que exige la construcción del contenido multimedia) se convierten en testigos directos de los debates, del comportamiento de las personas públicas (en este caso, regidores o congresistas), porque, a partir de ello, construyen los puntos de vista o ‘frames’ noticiosos que más se ajustan a la realidad observada. Además, dicha presencia contribuye a su labor indagatoria. Es desde el lugar de los hechos de donde fluyen las historias mejor descritas y argumentadas y se cumplen las normas de rigor, para bien de los lectores, de los ciudadanos, que esperan una información completa y veraz.