La Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) es el ‘gremio de gremios’ de los empresarios. Como tal, tiene gran peso político y simbólico. Es, más o menos, si hacemos un etiquetado polarizado a tono con los tiempos, la voz colegiada del AB que lleva las riendas del modelo (por supuesto, es más complejo y menos maniqueo que esto, pues incluye a activos socios de mypes de diversos rubros y regiones; pero, vamos, podemos apostar a que la inmensa mayoría de ellos están hartos de protestas y bloqueos, lo que los pone en el bando opuesto de quienes las avalan).
Lo que los gremios de la Confiep les han venido diciendo al Gobierno y a quienes protestan es obvio. A uno le piden que garantice la paz; al otro, que pare la violencia de sus reclamos. Ese par de mensajes sirve poco o nada. Hasta puede ser contraproducente si se sobreentiende que el reclamo hacia el Gobierno lleva un tácito respaldo a todas sus decisiones represivas. Esa es una hondura en la que ni la Confiep ni cualquier gremio de socios diversos quisiera meterse. El otro reclamo, a los protestantes que provocan cierres de negocios y hasta destrozos en algunos, se estrella contra un muro.
Ayer, la Confiep y gremios afines hicieron una conferencia de prensa en la que asomó un mensaje que sí es útil: reclamarle al Congreso que se apure con el adelanto. He ahí un destinatario que sí puede y debe oírlos. Y he ahí un reclamo que tiene la virtud de sintonizar con una gran mayoría, incluso con el bando de los que protestan.
Sin embargo, no es suficiente pedir apuro en una conferencia de prensa. La Confiep y otros grupos de la sociedad civil, como los colegios profesionales, las iglesias y la academia, podrían reunirse con el presidente del Congreso, José Williams, con su Mesa Directiva y con portavoces de distintas bancadas para evitar el despropósito de ampliar esta legislatura hasta el 10 de febrero y adelantar la segunda al 15 de febrero, cuando pudieran hacerlo al 1 de febrero. Una quincena es un asunto, literalmente, de vida o muerte en el Perú del 2023. Los congresistas de derecha que alegan más tiempo para reformas son sensibles ante la voz del empresariado. Y debieran serlo ante el realismo: la izquierda ha dado a entender de diversas formas que bloqueará los 87 votos que requieren sus reformas, ¿para qué perder el tiempo con ellas entonces?
Confiar en que el enfoque represivo del Gobierno va a acabar con las protestas violentas, despreciando el impacto que tendría una inmediata convocatoria a elecciones (aunque sea para el 2024 y no para el 2023), sería penoso. Desde el 7 de diciembre, cuando despertó el rechazo a Dina Boluarte y se renovó el rechazo al Congreso, el adelanto de elecciones es lo único que puede traer cierta paz. A presionar por él, entonces.