Confrontar o gobernar, por Roberto Abusada Salah

A diferencia de otros vecinos de la región agobiados por problemas económicos complejísimos, el Perú es quizás el país donde las aspiraciones de progreso y desarrollo son absolutamente alcanzables. Las finanzas públicas están aún relativamente bien manejadas, la inflación permanece bajo control, las reservas internacionales son cuantiosas, la apertura comercial y los TLC dan acceso preferencial a los mercados más grandes del mundo, el nivel de la deuda pública es bajo, la calificación crediticia sobresale en la región, el acceso privado y público al financiamiento internacional es óptimo, y abundan proyectos privados rentables y públicos para satisfacer demanda existente en vivienda, en transporte, en telecomunicaciones, en energía, en comercio, en salud y en educación. Sectores enteros como minería y agroindustria representan riquezas insospechadas. Se tiene la garantía de un Banco Central independiente de clase mundial. Y lo más importante, ostenta la proverbial laboriosidad de la población.

Sin embargo, el conflicto político y la falta de gobierno efectivo que definen la situación presente llenan los espacios en los periódicos y los programas en televisión. En medio del ‘todos contra todos’ político, se asienta en la ciudadanía cada vez más la noción de que los problemas acuciantes que le aquejan permanecen sin solución a la vista. Peor aun, más allá de problemas desatendidos, crece la ansiedad por la falta de una visión de futuro, y como pocas veces en el pasado, se ha dejado de oír algún mensaje que proclame una clara aspiración de país.

La razón para este desaliento desciende desde los poderes del Estado abstraídos en la acrimonia y el enfrentamiento alrededor de temas que la población no comprende, o con o sin razón, considera banales para la solución de sus problemas más apremiantes.

Las importantes iniciativas del presidente Vizcarra para la reforma judicial y política han perdido lustre porque sus aspectos primigenios más importantes desaparecieron o terminaron disminuidos. En el caso de la reforma del sistema de justicia se cree que cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es la panacea. En realidad, en ausencia de una compleja y profunda reforma en el interior de todo el sistema, la JNJ hará poco para lograr los dos resultados fundamentales: terminar con la corrupción y asentar el imperio de la ley.

El tema de la reforma política es aun más triste porque la propuesta para introducir el Senado fue descartada, no se considera seriamente la necesaria creación de distritos electorales uninominales o binominales, y en cambio se acepta la inconveniente y grave prohibición de la reelección parlamentaria.

Lo qué sí logró la iniciativa presidencial fue un aumento descomunal en su popularidad basado, en esencia, en el aprovechamiento del desprestigio del Congreso. Pero lejos de aprovechar esa popularidad para emprender la reforma económica que urge para relanzar el crecimiento, el presidente se dedicó simplemente a atesorarla sin percatarse de la creciente percepción ciudadana acerca de la inacción gubernamental, las falencias en afrontar la reconstrucción y las graves carencias en las áreas de la infraestructura, salud y seguridad ciudadana. Ese error ha causado la erosión de la popularidad que tanto parece cuidar.

En diciembre del año pasado en este mismo espacio, y con la popularidad presidencial al tope, advertimos que Vizcarra enfrentaba dos caminos: o afianzaba su Gabinete con personas competentes para acometer la reforma económica y temas de impostergable atención, o se refugiaba en la inacción y el enfrentamiento en el fútil intento de conservar su popularidad. El presidente escogió el segundo camino y ocurrió el fuerte deterioro en su aceptación que entonces anticipamos. Tratar como vimos ayer con el anuncio de la presentación de una cuestión de confianza de reganar popularidad con un ucase presidencial como sustituto de la acción de gobernar es exactamente lo que no se debe hacer. No solo persistirá el malestar que genera la falta de atención a las necesidades urgentes, sino que se inyectará parálisis económica e incertidumbre con grave perjuicio para la nación.

Restan dos años hasta las elecciones del bicentenario. El presidente Vizcarra está aún a tiempo de acometer alguna reforma económica importante que empuje la confianza empresarial y por ende la inversión, el crecimiento y el empleo. Haría bien el presidente en convocar a unos pocos nuevos ministros capaces de iniciar las tareas que la ciudadanía más demanda. El progreso que no se logre hoy es irrecuperable mañana. Imaginemos, solo a manera de pequeño ejemplo, el progreso que se podría lograr si el gobierno, en lugar de verse forzado (por la errada decisión del gobierno anterior) a terminar una costosa e inútil refinería, asegurara que el país tuviese hoy a disposición con el mismo gasto, tres importantes carreteras de acceso entre el departamento de Lima y toda la sierra central.

No es tarde para reaccionar. Lo que el gobierno requiere es frenar la confrontación, dialogar, no solo con el Congreso sino con la población; convocar ministros y colaboradores comprometidos para la tarea, y hacer docencia. En suma, gobernar.