La reforma del sistema pensionario planteada por el Gobierno terminará incrementando el número de pobres pertenecientes a los grupos terciarios y cuya pensión, al no alcanzar ni siquiera el sueldo mínimo, no les permitirá cubrir el costo de la canasta básica familiar de su hogar. Con lo que, al final de la historia, terminaremos con pensionarios que recibirán un irrisorio pago mensual de apenas S/1.000.
La reforma establece que solo se aplique para aquellos que no superen los 40 años y, por lo tanto, no resulta justa, ya que alguien con mayor edad tendría el tiempo suficiente para realizar aportes, y dejaría en la incertidumbre a más de la mitad de los afiliados actuales, ahorrándose el Estado una gran cantidad de dinero. Y seguiremos enfrentando en nuestro país una caótica realidad de seguir manteniendo a varias generaciones de jubilados con pensiones mezquinas.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo del Perú tienen en sus manos el futuro de las pensiones de todos los peruanos, una propuesta enviada hace casi medio año por el Ministerio de Economía y Finanzas para un nuevo sistema previsional peruano, pero que aún está en la sala de espera. Muy por el contrario, la atención de ambos poderes del Estado está centrada en proyectos que se traerían abajo el sistema, como el séptimo retiro de las arcas de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Así, al final de la historia, el sistema privado estaría conformado por cuatro elefantes blancos administrando una “caja chica”.
De su lado, el problema de las AFP radica principalmente en su poca cobertura, que no cubre a casi nadie. Tal es así que ocho de cada diez trabajadores de nuestro mercado laboral no están contribuyendo para su jubilación. Son trabajadores informales, independientes. Y la idea es que se debe contar con un sistema que cubra a la gran mayoría. Lo preocupante es que el dinero de los fondos se está destinando a dar subsidios para los trabajadores que ya están en el sistema de pensiones.
La propuesta de reforma aborda el tema de los fondos de jubilación para trabajadores independiente, estableciendo que todas las personas que presten servicios a entidades del sector público o privado estén afiliados al nuevo sistema.
Se dispone que tienen que aportar el 13% del 50% de una UIT (S/335) para tratar de incorporar a los independientes y que, a través del uso de las billeteras electrónicas, sirva como un indicador de ingresos, a fin de identificar a los informales.
El mencionado proyecto establece la prohibición del retiro parcial o extraordinario de los fondos acumulados en las cuentas individuales de aportes obligatorios al sistema por parte de los afiliados durante su etapa activa, que es lo recomendable. Ya que el retiro de los fondos solo agudiza el problema de las pensiones para el futuro, negándoles a los trabajadores una vejez digna.
Sería importante que una nueva reforma incremente la cobertura de Pensión 65, otorgada a las personas en condición de pobreza extrema a partir de los 65 años, y que otorga la ridícula cifra mensual de S/125, y que no se incrementa desde el 2011. Obviamente que para aumentar esta cobertura el Estado tendría que desembolsar algunos millones de soles, pero si se ahorra con el dinero canalizado hacia los bolsillos de los corruptos, le alcanzaría de sobra.
El Congreso ha priorizado el retiro de las 4 UIT, postergando así la discusión de la reforma de pensiones. La propuesta presentada se contradice, ya que baraja la suerte de inyectar una mayor cobertura, pero en paralelo aprobaron un séptimo retiro. ¿Cómo reformar un sistema de pensiones si van a salir de este S/34 mil millones que, sumados a los seis retiros anteriores, totalizarían la suma de S/122 mil millones, dejando a un casi 90% de los afiliados (más de ocho millones de personas) sin saldo en sus cuentas? Esto es boicotear el sistema.