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El Congreso ha cambiado la legislación sobre organizaciones criminales. Lejos de darle mayores ventajas a la autoridad, le pone trabas y limitaciones. Favorece a los investigados por organización criminal.
La ley aprobada pone condiciones al allanamiento. Fija la necesidad de que se encuentre en el inmueble al investigado y su abogado. Si no tiene defensor legal, dice esta ley, se le debe proporcionar uno de oficio.
Imaginemos la intervención en una casa donde hay investigados por narcotráfico. Esta nueva ley impide que el fiscal conduzca la intervención, hasta que aparezca el abogado. Si no aparece, debe proporcionarle un abogado de oficio.
Es cierto que se ha abusado de la denominación “organización criminal”. La forma de arreglar las cosas, sin embargo, va en sentido contrario al elegido por la mayoría de este Congreso.
La garantía del investigado está en la presencia del fiscal. El fiscal, por lo demás, actúa según una resolución judicial. Los límites del allanamiento están fijados por el juez.
Para los congresistas, el juez no es suficiente garantía. Quieren darle una protección adicional al investigado: su presencia o la de su abogado defensor. Como si el allanamiento fuera equivalente a una detención o a un proceso judicial.
Con esta nueva ley, el allanamiento en la casa de la presidente Dina Boluarte habría sido imposible. Se hubiera dado tiempo para que desaparezcan las evidencias que ahí se encontraron en la investigación sobre los relojes Rolex. Es un ejemplo.
En la legislación actual, el allanamiento es prueba ilícita si no está el fiscal. El fiscal garantiza la legalidad del procedimiento. Es el encargado de hacer cumplir la orden del juez, dentro de los límites establecidos en su resolución.
Se trata de encontrar piezas de convicción o evidencias, para que no sean sustraídas o eliminadas. La ley aprobada en el Congreso le da ventajas al investigado para que eso pueda ocurrir. Elimina un elemento sustancial de la medida: la sorpresa.
Supongamos que hay diez investigados. Nada se podrá hacer hasta que lleguen diez abogados o se consiga defensores de oficio para los diez.
La nueva ley restringe los delitos para los que califica una “organización criminal”. Eleva a penas de seis años esa exigencia. También hace más difícil el bloqueo de cuentas bancarias y las limita en el tiempo.
Esta ley es un golpe contra la investigación criminal. Los allanados y los allanables estarán contentos. Ya tienen una ley a su favor.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Federico Salazar es Periodista
