Condenada a gobernar

El Congreso no quiere nuevas elecciones. La presidenta Dina Boluarte no quiere renunciar. Los manifestantes continúan bloqueando carreteras y sitiando ciudades enteras.

No parece haber salida y, más bien, una continuación del desorden, el rechazo y el desafío a la autoridad. Y también de la delincuencia infiltrada en las manifestaciones y bloqueos.

El sur es la región donde más inflación se ha registrado. También hay desabastecimiento de productos clave, como el gas doméstico o el combustible. Es el sur, también, el que tiene mayores bloqueos, y más violentos.

Inflación, desabastecimiento, cierre de pequeños negocios, paralización de mineras, nada de esto es a favor de la población. Es un ataque contra ella misma.

La minera Las Bambas, por ejemplo, paralizó sus operaciones por falta de insumos. No llegan por los bloqueos. La minera aporta casi el 80% del producto bruto interno de Apurímac.

La minera Antapaccay sufrió un ataque e incendio de sus instalaciones y también sufre desde el 4 de enero el bloqueo de su corredor minero.

¿Qué tiene esto que ver con manifestarse en contra del Gobierno? Nada. Tiene que ver con crear el caos, impedir la producción y el comercio, extorsionar para lograr los fines que fuera.

La revista “The Economist” ha calificado al Perú como un “régimen híbrido”. Quiere decir que no es una democracia ni una autocracia sino algo entre uno y otro.

No podemos decir que vivimos en un Estado de derecho pleno. Una buena parte de peruanos ha perdido el derecho al libre tránsito, al comercio, a la producción, al trabajo. Estamos, sin embargo, lejos de la autocracia, porque el Gobierno, más bien, se muestra débil o ineficaz para recuperar el respeto a las leyes.

La situación que hoy enfrenta la presidenta Dina Boluarte es distinta. No hay perspectiva cercana de reforma constitucional para nuevas elecciones. Está, por así decirlo, condenada a gobernar.

Cuando se anunció la ‘Toma de Lima’ no se le ocurrió a la presidenta mejor idea que abrirle los brazos. “Los llamo, dijo, a tomar Lima, sí, pero en paz y en calma”.

La pérdida de autoridad comienza con mensajes como estos. Muchos manifestantes solo marchan, pero hay muchos que atacan a la policía para provocarla, destruyen locales públicos y privados, atacan a pedradas y palazos, y hasta con fuegos artificiales, cuando no con saqueos e incendios.

Carlos Jaico, ex secretario presidencial de Pedro Castillo, habla de una “organización que manejaba Pedro Castillo para servirle de apoyo en caso de vacancia” (”Perú21″, Álvaro Reyes, 4/2/23).

“Lo hemos visto, agrega, en los Consejos de Ministros Descentralizados donde se llevaba un discurso de odio, polarización, confrontación con el Congreso, el Ministerio Público y todos aquellos que (Castillo) consideraba enemigos”. Por eso Castillo “decía que tenía que venir medio millón de gente a Lima para tomar el Congreso”.

Cómo olvidar, efectivamente, a Aníbal Torres anunciando que “correría mucha sangre” si caía Castillo. (Un informe completo de las veces que Torres y Castillo amenazaron con convulsiones sociales, en El Comercio, Thalía Cadenas, 4/2/23).

Lo que tenemos no son, pues, movilizaciones principalmente espontáneas y pacíficas. El Gobierno debe saberlo y actuar, dentro de la ley, frente a ello.

No es que Cusco, por ejemplo, se quiera suicidar. Es que está secuestrado.