¿Es muy distinto un ministro del gobierno de Dina Boluarte que un parlamentario de este Congreso? Para ser más específico, si se les diesen facultades para legislar, en competencias que corresponden al Congreso, ¿el Ejecutivo lo haría mejor que el Legislativo?
Es usual que los distintos gobiernos pidan al Parlamento que les deleguen facultades para emitir leyes sobre tal o cual materia. Suele hacerse al principio de los mandatos para poder plasmar en normas algunas propuestas que fueron parte de la campaña y también ante determinadas coyunturas que requieren ajustes legislativos, se supone, un tanto más técnicos que políticos.
Recientemente, los pedidos de facultades también han sido usados por los primeros ministros de Dina Boluarte para buscar transmitir que tienen una agenda y, de paso, tratar de comunicar que cuentan con políticas que soportan su narrativa respecto a que es necesario un pacto por la gobernabilidad del país. De algo se tiene que hablar entre tanto ruido político más allá de que no existan mayores planes.
Respondo mi pregunta inicial. Los actuales ministros son, en promedio, un tanto mejores que los de Pedro Castillo (al menos no hay un Íber Maraví),pero, al igual que lo que ocurría con la gestión del golpista, no son muy distintos a nuestros congresistas. Hay mejores que otros, sin duda, pero la media es mediocre (con el perdón de los mediocres).
Hace unas semanas, la gestión Boluarte pidió, por segunda vez, una serie de facultades legislativas al Congreso. Los temas son diversos y tienen que ver con reactivación económica, seguridad ciudadana, tributación, entre varios otros.
No hay duda de que necesitamos leyes para corregir problemas, como, por ejemplo, la necesidad de generar más recursos para sacar a millones de peruanos de la pobreza. Esto incluye medidas para la reactivación y, espero, la posibilidad de poner en marcha los grandes proyectos (mineros y de otras industrias) que necesitamos para inyectar más dinero a nuestra economía y generar más trabajo (el principal antídoto contra la pobreza).
El problema es que, aunque el Gobierno tiene, probablemente, mejores técnicos que el Congreso, tiene también las mismas tentaciones (populistas) y debilidades (malas influencias) que el Parlamento. Que una norma salga del Ejecutivo no asegura absolutamente nada y es tan riesgosa como una del Congreso.
No planteo que no se otorgue ninguna facultad. Pero sí que se haga un esfuerzo por acotar, precisar y priorizar el pedido. No estamos frente a un gobierno lleno de talentos, ni mucho menos frente a uno que cuente con el apoyo de la ciudadanía.
Ya tenemos bastante con la legislación que viene del Congreso (contrarreformas, impunidad política, etc .)como para tener algo parecido que venga del Ejecutivo. Aunque hay un entendimiento entre ambos poderes, dudo que este se base en la confianza, y de ahí la sugerencia para acotar, precisar y priorizar las materias. No hay espacio para (más) sorpresas.