Principio de autoridad

El Congreso ha entrampado el proceso para acortar el mandato congresal y presidencial. No ha logrado ponerse de acuerdo para la reforma constitucional requerida.

Era una votación extraña, toda vez que el Congreso había aprobado con 93 votos el adelanto de elecciones para abril del 2024. La iniciativa para cambiar el adelanto a octubre del 2023 solo obtuvo 45 votos.

Se ha pedido una reconsideración, que se vería el lunes. Nada hace pensar, sin embargo, que Perú Libre, Perú Bicentenario, el Bloque Magisterial, Avanza País o Renovación Popular cambien de posición. Estos fueron los grupos que, en bloque cada uno, votaron en contra del “adelanto del adelanto”.

Varias y distintas son las consideraciones para esta marcha a atrás. Algunos quieren incluir en la convocatoria a elecciones también la de un referéndum para una asamblea constituyente; otros, reformas políticas y electorales.

En muchos casos, no se puede descartar el cálculo político. Hay grupos a los que les conviene el adelanto por razones electorales. Una menor cantidad de agrupaciones llegaría habilitada para las elecciones en octubre del 2023 que para abril del 2024.

Mientras tanto, el Gobierno no logra recuperar territorios que han quedado aislados por los bloqueos de carreteras. Hay ciudades donde ya escasea hasta el dinero en efectivo; otras, desabastecidas de alimentos, de servicios de salud y medicinas, de transporte, turismo y comercio.

Los ataques a casas de autoridades regionales, tiendas y comercios, buses y camiones de transporte de carga, los incendios de comisarías, sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público han continuado y avanzado.

En diciembre, un niño de dos meses, de Huancavelica, murió por no ser atendido a tiempo, debido al bloqueo de vías. También murió en Cusco un bebe de un año, al no poder llegar en la ambulancia al hospital regional. Tenía una infección estomacal.

Muertes similares han ocurrido en Chucuito, Puno, y en Virú, La Libertad. En Ica, una ambulancia fue atacada a pedradas, vandalizada y robado todo el instrumental médico.

El Gobierno no ha logrado restablecer el orden. Una renuncia de la presidenta Dina Boluarte podría acelerar el adelanto de elecciones. Asumiría el presidente del Congreso y convocaría de inmediato a elecciones.

La experiencia nos enseña que, en ese caso, es mejor que el Congreso se ponga de acuerdo en elegir una nueva mesa directiva. En lugar de una sucesión inmediata, lo que ha funcionado es una sucesión intermediada por un acuerdo del Congreso. Tales son los casos de Valentín Paniagua y Francisco Sagasti.

La presidenta Boluarte debe decidir. ¿Puede gobernar y lograr el orden y la paz, sin más víctimas? Si no lo cree o no hace nada para lograrlo, tendría que considerar la renuncia, con acuerdo del Congreso.

Los riesgos de mayor desorden son altísimos. Unas elecciones adelantadas no resolverán el problema político ni restablecerán por sí solas la obediencia a la autoridad. Este es el problema más grave y para el que ningún grupo ha planteado una salida o un programa de acción.

Plantear una asamblea constituyente es una bandera sin contenido. Es, más bien, un llamado al mayor caos y a la opción por el poder total. El poder total, sin embargo, no tiene nada que ver con el principio de autoridad. Esa es nuestra prioridad.