En el Perú, todo es empeorable

El 7 de diciembre del 2022 fue un día festivo para más de medio país, nos liberamos del gobierno más inepto y corrupto de la historia del Perú. Después del 7, sin embargo, una frase de un personaje de Alonso Cueto ha recobrado vigencia: en el Perú, hermano, todo es empeorable.

Desde el punto de vista económico, la herencia de Pedro Castillo fue la degradación de la gestión pública. Pero, con la expulsión de los ineptos metidos por él a la gestión pública y su reemplazo por funcionarios similares a los que tuvimos antes, el problema podría haberse resuelto. Esto, más la solidez del BCR y del MEF, bastaba para que el país enfrente una recesión, El Niño costero o El Niño global. En ese sentido, el daño provocado a la economía por Castillo fue fuerte, pero reversible.

Pero, después de Castillo, se han producido varios atentados contra el capital humano, el capital físico y el Estado de derecho, fuentes determinantes del crecimiento económico sostenido que pueden ser irreversibles.

El crecimiento depende de la productividad de la mano de obra que, a su vez, depende de la educación recibida por el trabajador, de su capital humano y de la dotación de capital físico por trabajador. La inversión en capital humano y en capital físico, asimismo, dependen del respeto del Estado de derecho; es decir, de que toda institución o ciudadano esté obligado a cumplir las leyes.

En los últimos meses, distintas dependencias del Estado han dado normas o realizado acciones que atentan contra el crecimiento económico.

En cuanto al capital humano, la Ley 31520 disolvió la Sunedu, al alterar la composición de su consejo directivo (CD). Antes, el CD lo componían el superintendente, un representante del Concytec y cinco miembros seleccionados mediante concurso público. Ninguno de estos últimos representaba a su universidad de origen.

Con la contrarreforma, el CD de la Sunedu lo conforman el superintendente más siete miembros que se eligen sin concurso público, de los que tres son docentes que representan a sus universidades. Es decir, este CD se parecería a un CD del Osiptel presidido por el CEO de Telefónica del Perú; tal como sucede hoy en la Sunedu, donde un representante de una universidad pública es el superintendente.

El gobierno de Dina Boluarte tenía la opción de reglamentar esa norma para que al menos los nuevos miembros del CD sean elegidos meritocráticamente. El Ejecutivo se inhibió, Boluarte nunca se pronunció y el daño sobre la educación universitaria quedó.

Por otro lado, en junio pasado, el Congreso aprobó un proyecto de ley que permite el nombramiento automático de los profesores de educación básica que tengan más de tres años contratados. La ministra de Educación se manifestó en contra y hay un pedido de reconsideración a la votación. ¿Ha dicho algo la presidenta? Nada.

En cuanto al capital físico, el 7 de julio pasado el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) caducó el contrato de concesión entre la MML y Rutas de Lima, a pesar de que un tribunal internacional había ordenado suspender el proceso de caducidad.

El alcalde, secundado por un despistado defensor del Pueblo, ha metido la pata. El artículo 62 de nuestra Constitución dice que los contratos “no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial”.

El alcalde tiene todas las de perder, la MML pagará las consecuencias de su travesura, pero el daño provocado a la inversión privada, en especial a la que se realiza bajo la modalidad de APP, está hecho. Boluarte no ha dicho nada.

Por otro lado, en los últimos meses se han dado varias normas que afectan el Estado de derecho. En primer lugar, a fines de junio pasado, el Congreso aprobó un proyecto de ley que fija un plazo máximo para la celebración del acuerdo de colaboración eficaz. Los entendidos están en contra de este proyecto de ley y han advertido que este proyecto afectará decenas de procesos en curso. La presidenta Boluarte no ha dicho nada, el proyecto debe convertirse en ley y la corrupción festejará este regalo del Congreso.

En segundo lugar, a principios de este mes el Congreso inhabilitó a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, por cinco años, con lo que se ha liquidado la autonomía de las decisiones judiciales. Hoy un fiscal o un juez está bajo la amenaza de poder ser inhabilitado o condenado por sus votos. Dina Boluarte no ha dicho nada.

Por último, por obra del Tribunal Constitucional (TC), se ha asesinado la cuestión de confianza. El presidente del TC ha dictaminado que, “para que haya disolución, el Congreso es el que debe tener la voluntad de ser disuelto”. Adiós al equilibrio de poderes. Boluarte no ha dicho nada.

En resumen, los problemas económicos del corto plazo, que son fáciles de resolver, están impidiendo que veamos el largo plazo, que estará marcado por el golpe que se les ha dado a la educación, la inversión y el Estado de derecho. El Congreso, el Gobierno y el TC han demostrado que, en el Perú, todo es empeorable.