Amenaza autoritaria (2)

¿Puede un Congreso constituir una amenaza autoritaria? Parece un contrasentido. El Congreso es elegido por el voto popular, no es el resultado de la arbitrariedad. Pero no basta con tener un origen legítimo: muchos presidentes electos terminan siendo dictadores. La diferencia entre la conducta democrática y la arbitrariedad reside, en última instancia, en el respeto a los procedimientos y en los límites al propio poder.

Y, desde hace un buen tiempo, el Congreso actúa para imponer su poder sobre el de otras instituciones, en particular, desde que se forzó una interpretación muy amplia de la declaratoria de vacancia presidencial, que obligó a la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018 y, luego, con la destitución del presidente Martín Vizcarra en noviembre del 2020. Y, en octubre del 2021, el Congreso, en la práctica, hizo un cambio radical en la naturaleza de nuestro régimen político, limitando en extremo el ejercicio de la cuestión de confianza por parte del Ejecutivo, rompiendo el equilibrio entre poderes. Siguiendo con esta tónica, esta vez el Congreso pretende destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por supuestamente haber cometido “faltas graves”, mediante un procedimiento sumarísimo, que anuncia la voluntad de imponer la destitución sin mayor debate. Nuevamente, se hace una interpretación arbitraria y abusiva de las supuestas faltas de los miembros de dicho organismo.

¿Cómo es esto posible? Cuando hablamos del Congreso, no hablamos de un actor unitario, sino de la representación de diferentes grupos e intereses. Es más, estamos ante el Congreso más fragmentado de nuestra historia democrática reciente y, hasta diciembre del año pasado, mientras Castillo estaba en la presidencia, la percepción generalizada era que el Congreso elegido en el 2021 era uno bastante polarizado, en el que la capacidad de negociación para llegar a acuerdos era sumamente problemática. Sin embargo, ahora nos preocupa la formación de amplias mayorías, que cruzan sectores ideológicos supuestamente irreconciliables.

Ocurre que, caído Castillo, tomamos conciencia de que, detrás de las disputas supuestamente ideológicas, se encontraban intereses mucho más pedestres, en primer lugar, asociados al acceso a cuotas de poder y al empleo público. Una lógica de puro patronazgo, porque no se percibe que la búsqueda del poder vaya junto con la promoción de políticas públicas concretas que se quieran empujar. De otro lado, se ha formado una amplia zona de consenso en torno del desmantelamiento de algunas lógicas de reforma institucional que ponen límites a lógicas clientelistas y al reino de intereses particulares informales. El desmantelamiento de la lógica de supervisión y licenciamiento de universidades, de la lógica meritocrática en la carrera magisterial en la educación básica, entre otras.

Pero otra área de confluencia fundamental se da en términos del control del sistema de justicia. En lo inmediato, tenemos el hecho de que una parte significativa de los representantes políticos tiene procesos judiciales en curso, y la autonomía y activismo judicial afecta sus intereses. Ya se ha legislado para reducir el plazo de la suspensión de la prescripción para todos los procesos penales, se ha modificado el Código Procesal Penal afectando los procesos de colaboración eficaz, entre otros. Destituir arbitrariamente a los miembros de la JNJ envía un poderoso mensaje de cara al proceso de selección que debería darse a finales del próximo año. Ya antes se destituyó a la ahora ex fiscal suprema Zoraida Ávalos por ejercer prerrogativas propias de su función.

En suma, estamos ante un Congreso que no gobierna, pero que limita en la práctica la autonomía de otros poderes e instituciones, y que actúa abiertamente en defensa de intereses particulares. Se llega al extremo de pretender afectar nuestra pertenencia al sistema interamericano, planteándose el retiro de la adhesión del Perú a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Este es un tema en el que izquierdas y derechas democráticas deberían dejar atrás diferencias para salir en defensa del Estado de derecho y poner freno a la captura del Estado por intereses mezquinos.