Tumulto electoral

Muchos aspirantes al poder presidencial y parlamentario buscan en estos días inscribir su nombre en el partido que sea para poder competir en las elecciones del 2026, no importa si llegada la victoria no sepan qué hacer con el poder.

La ley electoral, que requiere reformas y candados de la A a la Z, obliga con anticipación a los que aspiran a gobernar y a legislar a ser parte de una organización política, a la que luego fiscales y jueces podrían declarar “organización criminal”.

Es tal la fiebre de no quedar fuera del partidor electoral que se ha abierto un competitivo mercado de oferta y demanda de partidos y candidatos. En el dame que te doy de siempre no faltan dueños de escrituras, padrones e inscripciones de partidos que buscan convertir a los candidatos presidenciales en carretas propicias para llevarlos a ocupar los mejores lugares de las listas congresales.

Aquello de que nadie sabe para quién trabaja en la política peruana se ha vuelto una actividad próspera y, al mismo tiempo, ingrata en tiempos electorales. Basta recordar el caso de Unión por el Perú (UPP), el partido fundado por Javier Pérez de Cuéllar para su candidatura presidencial de 1995. UPP sería tiempo después el bastión electoral de Ollanta Humala en el 2006. Luego se alió con Luis Castañeda en el 2011 y perdió su inscripción en el 2021 con la postulación presidencial del en aquel momento parlamentario José Vega que llevaba de candidata a vicepresidenta a la pareja del entonces preso Antauro Humala.

Como hay tantos partidos en oferta, nadie se molesta en fundar uno nuevo y menos en hacerlo crecer en el largo plazo. Para eso está la ley electoral, porosa, confusa y con mil ventanas abiertas. Pueden comprarse, alquilarse o prestarse partidos, en la forma metafórica que pueda llamarse a una operación de adquisición temporal como esta.

Hay, sin embargo, partidos con un importante legado histórico que poner a salvo como Acción Popular, Somos Perú, el Partido Aprista y el PPC, que vienen del siglo XX. Los dos últimos vuelven a medir fuerzas en la vida política peruana después de que fueran extrañamente sacados de juego por el JNE en el 2021. Los otros dos partidos más organizados del siglo XXI, Alianza para el Progreso, con 24 años recorridos, y Fuerza Popular, con 13, constituyen la otra cara de la medalla frente a la fragmentación política que vivimos.

La fragmentación política encierra precisamente el grave dilema de los partidos: organizarse para gobernar a riesgo de perder las elecciones por tener que sincerar doctrinas y propuestas u organizarse para ganar las elecciones no importa si después, con la victoria bajo el brazo, no se sepa qué hacer con el poder.

Llama la atención que mientras vivimos los primeros brotes del tumulto electoral del 2026, el Congreso demore demasiado en cambiar y ajustar las reglas electorales que nos llevaron en el 2021, institucionalmente indefensos, al caótico escenario político de entonces.

Recuérdese que en la persona de Pedro Castillo y en la organización de Perú Libre, el JNE le abrió las puertas al mayor proyecto de desestabilización del sistema democrático en la historia del país.