Política y economía

La discusión sobre la interacción entre política y economía ha vuelto a resurgir con los cambios legislativos y constitucionales que ha realizado el actual Congreso. Aunque estos empezaron en el 2016, se intensificaron cuando Dina Boluarte asumió la presidencia, y más aún en la legislatura que acabó en junio.

Algunos han sido positivos, como la creación del Senado como cámara revisora y la reelección de diputados, senadores y autoridades locales. Sin embargo, muchos otros han erosionado nuestras instituciones democráticas y han logrado trasladar el poder al Congreso, quebrando el balance de poderes que contenía la Constitución de 1993.

Podemos resumir los cambios en cuatro. Primero, el copamiento de instituciones democráticas como la defensoría, el TC y posiblemente la JNJ, erosionando el balance de poderes. Segundo, el excesivo poder otorgado a los partidos políticos, sin garantizar la democracia interna ni su representatividad. Tercero, un retroceso en el marco legal para la lucha contra la corrupción. Y cuarto, un debilitamiento de los capítulos económicos de la Constitución, como la disciplina fiscal, los contratos ley, la protección del derecho de propiedad y la regresión en materia laboral.

¿Cuáles serían los efectos de estos cambios legislativos sobre el desempeño económico? Esa es la pregunta central. Lamentablemente, la relación entre política y economía no es directa, y muchas veces demora en hacerse notar, lo que llevó a algunos a pensar que iban por “cuerdas separadas” y a otros, que existían dos tipos de regímenes: cuando la política tiene un efecto directo y cuando actúa gradualmente y toma tiempo en hacerse notar.

Sabemos que la relación es directa cuando la política resulta en un cambio radical en el Estado de derecho y, sobre todo, en la protección a los derechos de propiedad. Este fue el caso de Pedro Castillo al intentar cambiar la Constitución que defiende y promueve el respeto de la propiedad privada. La respuesta fue inmediata: la inversión privada se retrajo y salieron del país alrededor del 8% del PBI en capitales de corto plazo. Si no hubiese sido por los altos precios de materias primas en el 2021, la recesión no hubiese tardado.

La incertidumbre de las elecciones y el riesgo de que elijamos a un ‘outsider’ de izquierda tienen al gasto privado, el consumo y la inversión deprimidos. Es más, sin el apoyo de los retiros de las AFP y la CTS, el consumo privado estaría estancado. Aun cuando hubiésemos podido contener este riesgo con una mejor legislación y lucha contra la corrupción, llegamos al 2026 con cerca de 50 partidos y el riesgo de que un candidato proponga el cambio constitucional, lo que podría tener mucha aceptación.

Existe un impacto más sutil en la economía que resulta de la desinstitucionalización de nuestro sistema democrático. Si bien empezó en el 2016, cuando el partido perdedor dijo que “iba a gobernar desde el Congreso”, estos cambios se hicieron evidentes con el actual Parlamento, que ha logrado concentrar el poder y controlar muchas instituciones democráticas.

Muchos podrían sostener que a la economía le va bien en los regímenes autocráticos, y de hecho tenemos varias experiencias así en América Latina. Sin embargo, sabemos que, cuando las reformas económicas no resultan de la participación de la población, duran poco y muchas veces la misma población las revierte.

De ahí que muchos estudios recientes sostengan que el desarrollo institucional es un elemento central del desarrollo económico.

Finalmente, queda el impacto de la contrarreforma, el populismo económico o, mejor aún, la falta de reformas económicas. Recuerdo cuando íbamos con el Banco Mundial a convencer a los gobiernos que habían caído en profundas crisis para que implementen reformas económicas. Les decíamos que el desarrollo económico es como subir una escalera automática en el sentido contrario: si no avanzas, retrocedes.

Ahora podemos cuantificar el impacto del populismo económico que experimentamos desde el 2016 con el objetivo de que nuestros políticos se ganen el apoyo de la población. Con la tasa de crecimiento potencial, los economistas logramos calcular el impacto de este populismo en el desempeño económico. Definido como el máximo crecimiento que podemos lograr usando a plenitud nuestros recursos, el crecimiento potencial captura el impacto de la contrarreforma. Del 2016 al 2022 pudimos crecer solo al 2,3% por año, y no al 6%, como del 2002 al 2008, y esa tasa sigue cayendo.