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La verdad es siempre incómoda, y esta es la verdad: el gobierno de Ollanta Humala se ha disparado en los pies con un anacrónico paquete de medidas para frenar la desaceleración. Es un peligroso retroceso conceptual eso de considerar a la conservación ambiental un freno para la economía, cuando esta se basa, justamente, en los recursos naturales. De hecho no habría economía sin recursos que aprovechar.
El crecimiento y el desarrollo no se logran flexibilizando las normas, multas y trámites para que unos cuantos aprovechen recursos que son propiedad del Estado, es decir de todos los peruanos.
Las medidas propuestas no harán al Perú más atractivo para las inversiones, sanas y decentes, sino todo lo contrario: vendrán a invertir empresas sucias y con tecnología obsoleta. ¿Por qué? Pues porque las serias tienen unos estándares ambientales altos, impuestos por sus propios consumidores. Y nadie quiere perder a un consumidor.
Las medidas del ministro Luis Miguel Castilla encenderán la pradera para la conflictividad socioambiental, trabando aun más las inversiones. El paquete reactivador no reactivará mucho y, más bien, sepultará los últimos puntos de popularidad que le quedan al gobierno. De paso da nuevos argumentos a las ONG antiinversión, generando desconfianza frente a los empresarios. Peor imposible.
El Perú, por sus esfuerzos conservacionistas e inmensas riquezas naturales, había logrado construirse una relativa buena imagen internacional. El mundo nos mira por la inmensa biodiversidad albergada en nuestro territorio, por lo que nuestro país es de los pocos considerados megadiversos.
El momento no ha podido ser más inoportuno, pues en diciembre Lima será sede de la más importante reunión mundial sobre el clima. Las medidas para frenar la desaceleración van a contramano de la tendencia global del desarrollo sostenible, la economía verde y nos pintarán como unos parias ecológicos ante los principales líderes del mundo que aquí se darán cita.
DISTORSIONES
Una cosa es la necesidad de terminar con la burocracia y la ‘tramitología’ que obstaculizan las grandes inversiones en infraestructura y proyectos extractivos, y otra muy distinta debilitar la legislación que ha servido, justamente, para avanzar. Con nuestras normas ambientales se construyó esta economía saludable que ha logrado sacar a millones de la pobreza, y, más recientemente, defenderse de la profunda crisis internacional.
Es necesario agilizar los trámites, permisos y estudios de impacto ambiental; sí, pero exigir que tome 30 días es un imposible, salvo que se destinen recursos y personal calificado. Cosa que no ocurrirá.
Nadie se opone al crecimiento económico, pero no puede obviarse que ese crecimiento – para traducirse en desarrollo – va aparejado de fuerte normativa verde, al punto inclusive de en varios países incorporarse los pasivos ecológicos en la contabilidad.
Las actividades económicas contaminan diversos ecosistemas, por ello economistas y ecologistas deben trabajar conjuntamente los cinco puntos que tienen en común: población, desarrollo, equilibrio, cambio y política.
Veremos qué pasa, aunque aquí no hay motivo alguno para el optimismo.
