Contra la estabilidad presidencial, por Federico Salazar

Según el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hay un grupo de personas que actúa “contra la estabilidad presidencial”. Se refiere a funcionarios que renunciaron y denunciaron el copamiento de puestos y funciones con personajes cuestionados o sin las capacidades técnicas.

El ministro se refería especialmente a la exviceministra de Transportes, Fabiola Caballero Sifuentes. Ella renunció señalando que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones fue “convertido en una aparente agencia de empleos para copar colocaciones”.

Aníbal Torres cuestionó la renuncia de Caballero y señaló: “la pregunta es por qué no lo hizo antes”.

Caballero Sifuentes había dicho, en su carta de renuncia, que en los quince años que había servido al sector se había dado prioridad a los requisitos técnicos.

La pregunta que debe hacerse Aníbal Torres, entonces, no es “por qué recién ahora”, sino “por qué justamente ahora”. La razón que no quiere entender el presidente del Consejo de Ministros es que el copamiento llega a un límite inadmisible. Es un proceso que se desarrolló en el corto tiempo que observa la exviceministra.

Más fácil sería, por supuesto, seguir ocupando un cargo y mirar a otro lado. Esta no es, sin embargo, la actitud que se espera de personas leales a sus principios.

Para el ministro se trata de una especie de conspiración contra la “estabilidad presidencial”. Los conspiradores serían funcionarios que renuncian con tal de perjudicar al presidente de la República.

Lo que supone el jefe del Gabinete no tiene ningún sentido. ¿Qué obtendría un funcionario que deja su puesto y hace la denuncia de copamiento?

¿Hay, acaso, una oscura entidad que lo financia? Quedarse sin trabajo a cambio de denunciar, ¿es un buen negocio?

En lugar de visiones paranoides, se debe observar acciones de conciencia. No es un grupo coordinado por la oposición, el Congreso o alguna agencia secreta.

El de Transportes no es el único caso. El propio Aníbal Torres recordó a Gilmar Andía Zúñiga. Él renunció al viceministerio de Justicia por “el autoritarismo, el menosprecio al trabajo técnico y el maltrato injustificado”, así como el “debilitamiento institucional y técnico”. Gilmar Andía, además, se quejó por la “falta de pronunciamiento institucional sobre las denuncias por actos de violencia contra las mujeres de un integrante del Consejo de Ministros”.

Estas denuncias, ¿tienen alguna base? ¡Por supuesto! ¿Buscan debilitar al presidente o revelan un manejo anti institucional en el Ministerio de Justicia?

Otra renuncia que señala lo mismo fue la del exviceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta. Él también denunció la incorporación de personal que “responde a una consigna partidaria de repartición de puestos y no a méritos ni experiencia profesional”.

El ministerio, dijo Chávez Cresta, “no puede ni debe ser parte de la cuota política de un partido ni mucho menos fuente de empleos y nombramientos de personas allegadas a dirigentes políticos sin la mínima capacidad”.

El copamiento está en curso. Denunciarlo no es debilitar la figura presidencial, sino enfrentar la corrupción y degradación de la administración pública.

Aníbal Torres propone ver estas renuncias como una conspiración contra la estabilidad presidencial. El presidente Castillo puede creerlo, si quiere. O puede tomar las denuncias para actuar y afianzarse legítimamente en el Gobierno.

Es la corrupción lo que desestabiliza, no la denuncia.