Pocos ciudadanos confían en las instituciones públicas. El Poder Judicial, desacreditado junto con la fiscalía, y el Congreso de la República compiten palmo a palmo en mala imagen. A quién le cree el ciudadano, por supuesto que a ninguno de los anteriores y en realidad nos convierten en anarquistas diplomados.
El razonamiento que automáticamente fluye en nuestra mente y sobre todo en nuestros corazones (órgano vital para la política) es: congresista, juez, policía, ministro, presidente regional, alcalde, todos sospechosos, torcidos, oscuros. Si el juez falla en contra de una corriente de opinión ‘callejón oscuro’, ‘apanado’ total.
Recuerde lo que ocurrió con la excarcelación de los miembros de Movadef y el cargamontón a la sala penal. Imposible entender que los magistrados señalaban que la acusación es por delito de terrorismo (bomba, asesinato, ataque armado) y no había ninguna prueba al respecto.
El procurador antiterrorismo volverá a la carga, apelará para que estos inculpados sean encarcelados, pero probablemente la respuesta será la misma: pruebas son pruebas. Probablemente también escucharemos nuevamente el concierto de epítetos pasados.
Lo ocurrido con el congresista Julio Gagó también nos devuelve al país de la sospecha y la desconfianza. La Comisión de Ética lo inculpó, lo suspendió 120 días y resulta que ahora el fiscal de la Nación lo exime de responsabilidad y no hay delito. Entonces el ciudadano se ve en la engorrosa y disociadora tarea de ver quién es el justo: el Congreso o la fiscalía.
Quienes son antifujimoristas atacan al fiscal de la Nación, que bastante acusación le han endilgado y tiene varias investigaciones en el Consejo Nacional de la Magistratura. Es más, el propio Congreso, sin pudor alguno por la mala imagen que tiene, anuncia una comisión investigadora, una más (y no será la última) para que ¡el fiscal de la Nación sustente un fallo!
Un hecho inédito que nos coloca como el hazmerreír ante otros países, digamos más institucionales, aunque sea un pelo más. Sería fantástico que se creara una comisión investigadora, tendríamos ‘shows’, o ‘psicoshows’ donde todos están contra todos: una Babel desquiciada.
Lo que no se toma en cuenta es que el ciudadano sigue su rápido camino al descreimiento. Un ejercicio interior sería: está usted con el Congreso o con la fiscalía, Gagó es culpable o inocente, para –acto seguido– caer en la cuenta de que en realidad no le cree a nadie y todos le parecen unos ‘galifardos’.
Ya de por sí es sorprendente que la Comisión de Ética diga jota y la fiscalía diga efe. En la primera sin duda el sesgo político está presente, en el Ministerio Público debería existir cero política. Esperamos que así sea pero (como en el vals) la duda que tormentosa crece no se calma ni calmará. Haremos justicia con base en nuestros propios razonamientos.
Cosas del Congreso que tenemos, el pleno, incluidos los parlamentarios de Perú Posible, votó por la recomendación para investigar a Alejandro Toledo, su líder máximo, por los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Quien lo entienda que lo explique por favor.