El país de los hechos fortuitos e inesperados

El domingo 2 de junio, el principal aeropuerto del Perú, Jorge Chávez, dejó de funcionar por casi 12 horas. Fueron 245 vuelos suspendidos o reprogramados y más de 15.000 pasajeros perjudicados. El caos reinó en todos los aeropuertos de nuestro país, abarrotados de pasajeros que veían sus vuelos cancelados y no encontraban quién les diera respuesta a sus preguntas. Lima Airport Partners (LAP), el operador privado del aeropuerto, decía no tener responsabilidad alguna y el ministro de Transportes, Raúl Pérez-Reyes, sostenía que este había sido “un hecho fortuito no ocasionado, ni por las aerolíneas, ni por Córpac, ni tampoco por LAP; o sea, ninguno de los tres actores en la cadena aerocomercial tiene responsabilidad. Un hecho inesperado”. Pero la realidad es que lo ocurrido no fue ni fortuito ni inesperado, sino el resultado de la incapacidad del Estado para gestionar una empresa. ¿Por qué fallaron las luces? Según las propias declaraciones del ministro, porque desde hace 14 años no recibían mantenimiento y el aeropuerto no cuenta con luces de emergencia. Este aeropuerto recibe 63.000 personas cada día.

Córpac es la empresa del Estado que tiene el monopolio de los servicios de aeronavegación. Además, se encarga de la administración directa de 15 aeropuertos a escala nacional, aquellos con la peor infraestructura y el peor servicio. Y es que, como sucede en todas las empresas públicas, nadie rinde cuentas, los recursos desaparecen, las condiciones de los trabajadores son privilegiadas y la calidad del servicio es muy mala. Pero, más allá de eso, Córpac es una empresa que, al no tener la capacidad para administrar los aeropuertos del país, pone en riesgo la vida de millones de personas. Recordemos cómo el 18 de noviembre del 2022, producto de una serie de negligencias, se produjo un accidente cuando un controlador aéreo autorizó a un camión de bomberos a que realizara ejercicios en la pista de aterrizaje en el momento en el que un avión despegaba. Gracias a la pericia del piloto, las 108 personas que estaban en el avión resultaron ilesas. Pero tres bomberos aeronáuticos perdieron la vida, mientras en la torre de control los responsables del aeropuerto más importante del Perú se coludían para mentir y cubrirse las espaldas. Controladores aéreos responsables de tres muertes y que hoy siguen trabajando en Córpac.

La Constitución establece que el Estado solo puede realizar actividad económica de manera subsidiaria. Esto es, prohíbe de manera general que el Estado participe en actividades empresariales. Primero, porque es el sector privado el que puede desarrollarlas de manera más eficiente y sin costo para el país. Y, segundo, porque la evidencia demuestra que en las empresas públicas existe (I) interferencia política en la toma de decisiones, (II) falta de incentivos para el buen gobierno corporativo y (III) falta de competencia. Es irresponsable e inmoral no impulsar la privatización de las empresas públicas que aún existen en el país como Petro-Perú, Sedapal y Córpac, por ejemplo. En el caso de Córpac, no existen factores técnicos que impidan que el privado pueda asumir los servicios de aeronavegación.

Llegó el momento de perderle el miedo a hablar de privatizaciones, aunque haya chilla. Lo hicimos antes con muy buenos resultados y podemos volver a hacerlo.