Pedro Castillo, protagonismo criminal

Es normal que la vertiginosa cantidad de acontecimientos políticos vaya desplazando hacia atrás en la memoria las crisis y los escándalos. Siendo nuestra justicia tan lenta, ese olvido se parece mucho a la impunidad.

Pero esta semana una denuncia constitucional de la fiscal de la Nación contra Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala por el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) trae de regreso a la memoria colectiva uno de los escándalos más graves de corrupción en la historia de la PNP.

Me refiero a la ‘compraventa’ de los ascensos de coronel a general, que tuvo como protagonistas estelares, además de los mencionados aforados, al entonces comandante general de la PNP, Javier Gallardo, y al ex secretario general de Palacio Bruno Pacheco. Y como actores de ‘reparto’ (al parecer, literalmente) estarían diez coroneles “y otros más en proceso de identificación, que habrían sido beneficiados ilegalmente en el proceso de ascenso 2021, siendo ascendidos al grado inmediato superior; para ello, dichos oficiales habrían realizado donativos económicos a favor del entonces presidente de la República, tanto de manera directa como a través de terceros, por sumas que oscilarían entre US$20.000 y US$40.000 cada uno” (Denuncia constitucional, p. 41).

La sindicación es gravísima. Uno de ellos está en el retiro, otros siete están asignados a una ‘comisión consultiva’ (léase congeladora), pero otros dos dirigen a la policía en Lima y el Callao. Apelando a la presunción de inocencia, el comandante general PNP ha decidido mantenerlos en sus cargos; a ellos sí, a diferencia de los otros siete con idéntica sindicación.

Pésima decisión. ¿Qué autoridad moral van a tener esos oficiales para luchar contra la corrupción y la penetración del crimen en sus unidades cuando están señalados por la Fiscalía de la Nación por hechos tan graves?

No solo ‘viejos’ casos han emergido de nuevo a la superficie con nuevas evidencias y nuevos sindicados, sino que en estos días estamos empezando a conocer un nuevo ámbito de corrupción, esta vez afectando a la tan sensible ‘reconstrucción con cambios’.

La fiscal Marita Barreto y los equipos especiales de fiscales y de la PNP para investigar la corrupción en el poder han descubierto corrupción en el direccionamiento de obras. Además de Pedro Castillo, mencionan entre los involucrados a Guillermo Bermejo y Roberto Sánchez.

La extensión de lo que la investigación ya ha develado se trasluce en la magnitud de la operación contra ‘Los Operadores de la Reconstrucción’: 46 inmuebles allanados en Lima y otras cuatro regiones, entre ellas ocho empresas que estarían directamente involucradas, así como la detención preliminar de 14 personas, incluyendo a Francisco Jara y Yul Osterlin, asesores de Bermejo.

Si la corrupción en los ascensos y, en general, la desinstitucionalización de la policía es uno de los peores legados de la presidencia de Castillo, lo que empezamos a conocer ahora con relación a las obras en las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño es otra ofensa grave al país.

Se juega con las necesidades de los más afectados por la naturaleza y, probablemente, nos hagan pagar una cuenta adicional muy dura a todos los peruanos, y en especial a las víctimas directas, en los próximos meses.

Coda: Y ya que hablamos de indicios graves de corrupción que no deben quedar impunes o, peor aún, ser premiados con los más altos cargos de la nación, recordemos que Alejandro Soto sigue en el cargo, ante la pasividad e indiferencia de casi toda la representación nacional. Ahora que ya se conocen más detalles de la estafa por la que se habría beneficiado con US$260.000 –por lo que se pedía en el juicio oral en curso ocho años y ocho meses de prisión–, se hace aún más indignante que haya logrado escapar por la ventana que le dio una ley por la que votó y mal usó a su favor.