El acuerdo plenario de la Corte Suprema

En el Perú, la violencia contra la mujer y los abusos sexuales han sido normalizados. En un estudio realizado en agosto se encontró que uno de cada cuatro cusqueños considera que la violencia contra las niñas y adolescentes, la trata para la prostitución o las violaciones sexuales son “inevitables” y “siempre han existido”. Y esto parecería ser lo que también piensan 14 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia del Perú, quienes, a través de un acuerdo plenario, establecieron que un criterio de reducción de pena es que exista una familia formada por el sentenciado y por un niño, niña o adolescente que haya nacido producto del delito incriminado. Es decir, si producto de la violación sexual denunciada la victima sale embarazada, los magistrados peruanos consideran que el violador debe recibir una reducción de la pena de hasta un 25%. Esto último sobre la base de un criterio absolutamente cuestionable: que el violador debe mantener al niño y, por lo tanto, no puede estar preso tanto tiempo.

Un acuerdo plenario es una reunión de todos los jueces supremos para ponerse de acuerdo respecto de algún tema de conflictividad en la jurisprudencia nacional. El objetivo es uniformizar la doctrina jurisprudencial. Es decir, que todos los jueces, frente a casos similares, deberán resolver de manera equivalente.

Un acuerdo como este muestra la normalización de la violencia sexual y la falta de valoración de las mujeres como sujetos de derecho. Y es un retroceso terrible. Las mujeres hemos ido ganando derechos lentamente. Hasta 1996, el Código Penal establecía que la acción penal contra un violador quedaba sin efecto si el violador contraía matrimonio con su víctima. Hoy se está buscando reducir la pena si la embaraza.

Entre enero y noviembre de este año, los CEM han atendido 11.640 denuncias por violación sexual. En siete de cada diez casos la víctima es menor de edad. En el Perú hay 35 violaciones sexuales cada día. Sin embargo, se calcula que menos del 48% de las víctimas presenta una denuncia formal. Y no lo hacen por miedo a represalias y por vergüenza. Cada día 11 niñas de 10 a 14 años quedan embarazadas.

Entre los factores de riesgo de violencia contra la mujer identificados por la OMS, se encuentran (i) las actitudes de aceptación de la violencia; (ii) las costumbres que consagran los privilegios sexuales del hombre; (iii) la levedad de las sanciones legales contra los actos de violencia sexual. Y si bien las leyes importan, más importante es cómo estas son aplicadas por los jueces. Y aquí se muestra la gravedad del acuerdo plenario. Uno de los mayores retos para enfrentar la violencia sexual es que se reconozca el impacto en la vida de las víctimas.

La violencia sexual es invisibilizada porque se cree que pertenece al ámbito privado de la familia. Las víctimas de la violencia sexual en el Perú son, en muchos casos, responsabilizadas. El 90% de los delitos contra la libertad sexual queda impune. Entre enero del 2012 y agosto del 2023, solo las fiscalías de Lima registraron 18.733 casos por violencia sexual contra menores. De ellos, solo el 3,4% de ellos ha sido sentenciado.

El desdén de la sociedad hacia la violencia sexual contra niñas y adolescentes llega a tal punto que, entre enero del 2015 y junio del 2023, se reportaron 958 casos de violación sexual de parte de personal educativo a escolares ante SíSeVe (plataforma Minedu). Sin embargo, 362 de estos no fueron denunciados penalmente. De los 958 sancionados, 466 no habían sido destituidos; es decir, seguían en las aulas. Mientras que 154 que sí fueron destituidos ya están autorizados para volver a enseñar porque impugnaron su sanción ante el Tribunal de Servir o fueron reincorporados por una orden judicial.

A raíz de las críticas al acuerdo plenario, los magistrados lo dejaron sin efecto, con la salvedad de que volverán a revisarla “ponderadamente, tomando en cuenta el interés super de los niños y adolescentes”. Es decir, los productos de la violación. Los supremos siguen sin entender cómo están afectando a las víctimas de un delito tan grave como una violación sexual. Y es que las mujeres en el Perú siguen siendo ciudadanas de segunda categoría.