El caso de los US$6,6 millones perdidos

Lo informado hace unos días por la fiscalía de Costa Rica de que confiscaron US$6,6 millones relacionados con el esquema de corrupción utilizado por el expresidente Alejandro Toledo para lavar los sobornos que recibió de Odebrecht debe ser una de las peores noticias que ha recibido el Estado Peruano en el ámbito de la lucha anticorrupción y, sobre todo, en la restitución del daño que esta ocasiona. En primer lugar, porque describe la manera poco diligente en la que se actuó para que ese dinero sea repatriado en un caso de esta envergadura (hablamos del caso más sólido de corrupción contra un exmandatario en el marco de la trama de Lava Jato en América Latina) y porque, a estas alturas, es poco lo que se puede hacer al respecto. Ya la fiscalía de Costa Rica se adelantó y dejó poco margen de maniobra a las autoridades peruanas para elaborar una respuesta.

Para entender lo sucedido es importante tener en cuenta lo siguiente: desde el 2013; es decir, hace diez años, cuando aparecieron las primeras denuncias por las compras inmobiliarias de la suegra del expresidente, se sabe sobre la existencia de Ecostate Consulting Group S.A., una sociedad costarricense creada en el 2006 por Avi Dan On (exasesor de Toledo) donde quedaron alojados esos US$6,6 millones que han sido recientemente confiscados. En el 2013, esta empresa pasó a ser administrada por el empresario israelí (y amigo de Josef Maiman) Sabih Saylan. Como es de público conocimiento, Ecostate Consulting fue utilizada (junto con la empresa Milan Ecotech Consulting S.A.) como un canal para transferir más de US$16 millones de los sobornos a Ecoteva Consulting Group para que, con parte de ese dinero (poco más de US$5,1 millones), se realizaran las ya famosas compras inmobiliarias y el pago de hipotecas que llevaron a la cárcel al exjefe del Estado.

Hace diez años, Costa Rica respondió a las denuncias congelando esos más de seis millones y medio de dólares que quedaron en Ecostate Consulting. Desde entonces, el Perú solicitaba anualmente que se mantuviera dicho congelamiento con la finalidad de que esa plata algún día fuese repatriada. Pero ello ya no volvió a suceder este año porque la fiscalía de Costa Rica decidió aplicar una de sus leyes (llamada de legitimación de capitales) y confiscar esos US$6,6 millones indicando que ellos también fueron víctimas de ese esquema de lavado de activos. Una decisión controversial y contraria a la pretensión peruana que distintas fuentes judiciales describen con un simple y llano “nos madrugaron”.

Sucede que, desde el 2019, el Perú tenía a su favor algo que poco se menciona: la sentencia de colaboración eficaz de Maiman, en la que se establece, además del pago de una reparación civil (que no desembolsó), el decomiso de esos US$6,6 millones en Costa Rica. Es decir, Maiman se comprometió a devolver ese dinero, pues se entendía que Ecostate Consulting era parte del esquema de lavado en el que el Estado Peruano fue la principal víctima. ¿Por qué esto no se ejecutó según lo acordado? ¿Por qué no se tomó alguna medida para que no ocurriese? ¿Por qué, a pesar de esto, la fiscalía de Costa Rica decidió confiscar ese monto en Ecostate Consulting? Son algunas preguntas que quedan en el aire.

El abogado Oscar Solórzano, representante del Basel Institute en el Perú y tal vez una de las voces más autorizadas en recuperación de activos, señala que lo hecho por la fiscalía de Costa Rica va en contra de los principios establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que sostiene, entre otras cosas, que el dinero producto de la corrupción debe ser restituido al Estado víctima porque ese es su derecho. “Para ellos hay un delito de lavado de activos. Pero ellos se olvidan de que existe el Perú, y que ese dinero pertenece al Estado Peruano. Entonces, se debió hacer una coordinación. Si no hubiera una conexión con el Perú, ese dinero debió quedarse en Costa Rica”, explica.

Caso contrario a lo que sucede con Suiza, donde el dinero de la corrupción de Vladimiro Montesinos, que tiene más de 20 años identificado, viene siendo desembolsado por ese país al Estado Peruano junto con sus intereses. Solórzano remarca que esto significa que no existe una práctica internacional establecida, pero sí principios fundamentales que los países firmantes deberían de respetar. Hoy, con los hechos consumados, desde la procuraduría señalan que solo quedaría protestar a nivel de Cancillería y apelar a que el Estado de Costa Rica decida compartir parte de ese dinero confiscado con el Perú.

Sin embargo, lo ocurrido también describe cómo se actuó en un caso de esta envergadura, uno de los más emblemáticos de corrupción y lavado de activos, que tiene como uno de sus principales protagonistas al dinero de los sobornos. Pero, como explica Solórzano, imagine que estamos ante un caso de secuestro en el que la atención estuvo puesta en meter preso al secuestrador, pero se olvidó de rescatar a la víctima (el dinero). Unos US$6,6 millones que ahora forman parte de los fondos del Estado Costarricense.