Un sistema político disfuncional dio como resultado de las elecciones del 2016 a un ganador con escasa representación parlamentaria y a una oposición con mayoría absoluta en el Congreso que, desde el primer día, abandonó toda pretensión programática para guiarse únicamente por el impulso de la pataleta por haber perdido la presidencia. Martín Vizcarra no es más que el producto de esta disfunción. Después de deshacerse de su rival, el partido mayoritario en el Congreso apoyó jubilosamente la asunción al poder de Vizcarra que, a su vez, no tuvo escrúpulo alguno en buscar la desaparición política de los que lo apoyaron.
PARA SUSCRIPTORES: Con la voz de Swing y la banda de Merino, por Carlos Basombrío
La, en mi opinión, ilegal disolución del Congreso el año pasado, unida a la fallida reforma política (que tuvo como eje principal su uso como arma populista por excelencia, con la eliminación de la posibilidad de un Senado y la prohibición de la reelección inmediata de los congresistas), dio como resultado el peor Congreso posible. Así, el Perú tiene hoy a un presidente incompetente y a un Poder Legislativo abyecto. Con las instituciones nacionales en decadencia, el país está a la deriva en medio de las crisis sanitaria, económica y política sin precedentes en las que nos encontramos. El reciente episodio de pretender la vacancia de Martín Vizcarra es solo una manifestación más del caos en el que ha caído la república. Nada más caótico que usar la equívoca definición de “incapacidad moral permanente” para remover al presidente, cuando en realidad esta fue pensada para enfrentar la eventualidad de que un jefe de Estado perdiese sus facultades físicas o mentales, y no como un medio para que el Congreso pueda cambiar a un mandatario a causa de una transgresión sancionable al final de su mandato.
Un incidente en donde el presidente se involucra con un personaje de poca monta como Richard Cisneros le ha quitado el foco a la tremenda crisis que vivimos para, en su lugar, concentrarlo en unos audios en los que Vizcarra evidentemente trata de obstruir a la justicia confabulando en la oscuridad de la misma manera en la que lo hizo cuando conspiró con el gobernador regional de Arequipa para impedir la construcción del proyecto minero –legalmente autorizado– Tía María. En ambas circunstancias, el presidente se muestra como un pequeño criollo intrigante.
Desafortunadamente, en su peor momento el Perú está en manos de gente incapaz de afrontar lo que puede traducirse en la pérdida de una década entera de progreso y en la destrucción de la única fortaleza remanente del país: su envidiable situación financiera. En pocos meses, una enorme proporción de la clase media que se forjó durante los últimos 30 años pasará a formar parte de la población en estado de pobreza. La economía se encogerá al 85% de lo que fue en diciembre del 2019 y literalmente millones de peruanos serán arrojados al desempleo.
Pocos entienden que la desatención de las crisis sanitaria y económica que vive el país ha cambiado de golpe al Perú, convirtiéndolo en un país con un tercio de la población en situación de pobreza y con más del 80% de trabajadores ganándose la vida en la informalidad. Cualquier estadista serio hubiese aprovechado la fortaleza financiera existente y la enorme cantidad de proyectos de inversión paralizados en minería y otros sectores para generar una fuerte recuperación una vez terminada la crisis. Sin embargo, el Ejecutivo y el Congreso se han dado maña para impedir tal recuperación. Eso significa que en lugar de regresar a la situación anterior a la crisis sanitaria en 12 o 18 meses, el Perú se tardará ocho años en recuperar el ingreso per cápita de diciembre pasado. Ese sería el terrible resultado de tener una recuperación magra el 2021 para regresar a crecer entre 3% y 3,5% por año a partir del 2022.
Es difícil pedirles a los políticos actuales que entiendan esta situación y actúen en consecuencia. Un movimiento de salvación nacional debe generarse, apoyado por la opinión pública y liderado por los pocos políticos responsables que puedan quedar en el país, los medios de comunicación, y los líderes de la sociedad civil y empresarial. El Perú tiene en la actualidad, por lo menos, tres o cuatro megaproyectos mineros prestos a iniciarse, dos grandes irrigaciones y decenas de obras de infraestructura paralizadas o de lenta marcha que podrían levantar fácilmente al país. Solo un fuerte impulso en la inversión privada y pública puede evitar una década perdida y la frustración de los planes de vida de toda una generación.