Ricardo Uceda

En Argentina ha comenzado el juicio oral que examina graves cargos de corrupción contra la vicepresidenta en funciones . Se le atribuye haber dirigido una organización criminal que se benefició mediante la asignación dolosa de obras públicas durante sus dos gobiernos (2007-2015). El proceso comenzó, según la fiscalía, en el período de su esposo (2003-2007). Al presidente peruano Pedro Castillo lo van a encausar por delitos similares, aunque la dimensión de lo defraudado, US$1.000 millones en el caso argentino, marca una diferencia. No es la única. A Bruno Pacheco, ex secretario general de su despacho, le descubrieron US$20.000 en un baño de Palacio de Gobierno. A Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, le cuantificaron bienes por US$120 millones, entre ellos dos departamentos en el Hotel Plaza en Nueva York. Muñoz, que murió de cáncer en el 2016, solo tenía un Volkswagen antes de trabajar con el presidente. El secretario de Cristina, Fabián Gutiérrez, también se volvió millonario. Está muerto: fue torturado y estrangulado en el 2020, cuando ya había colaborado con la justicia en una de las causas por corrupción que se abrieron contra funcionarios del régimen kirchnerista. No existió enlace entre su confesión y el asesinato. Quienes lo mataron buscaban hacerse con parte su fortuna, calculada en US$12 millones.

Sin embargo, ambos procesos responden a un mismo tipo de corrupción: amañamiento de concursos de precios para asegurar la victoria de la empresa del presidente. En el Caso Anguía, donde Pedro Castillo está imputado, el testaferro era Hugo Espino. En el Caso Vialidad, de Argentina, fue el exempleado bancario Lázaro Báez. La distancia entre las fortunas de Espino y Báez es galáctica. Ni miremos la libreta de ahorros del primero. En cuanto a Báez, a solo tres años del inicio de la era Kirchner ya guardaba US$10 millones en Liechtenstein, que le fueron embargados. En el 2014 se reveló que había enviado a Suiza US$55 millones, y que poseía 400.000 hectáreas en la Patagonia, más de dos veces la extensión de Uruguay.

Como Castillo en Chota, los Kirchner privilegiaron obras en la provincia de donde eran originarios, la inmensa Santa Cruz. Los fondos fueron reorientados mediante decretos exprés. Aquí y allá el oficialismo culpa a la derecha mediática del avance de las investigaciones. Cristina Kirchner ostenta un mayor apoyo de la izquierda continental, como lo demuestra la carta de solidaridad de los presidentes Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Luis Alberto Arce. Castillo, en cambio, está solo. En algo supera al kirschnerismo con sus dos décadas de poder: en solo un año acumuló cuatro causas con evidencias incontrastables de criminalidad organizada.

La obscenidad de la corrupción de los Kirchner adquirió fama por abrumadores signos exteriores de riqueza. En el 2003 declararon un patrimonio de siete millones de pesos argentinos, por entonces US$2,3 millones, que se elevó a US$20,5 millones en el 2010. Considerando bienes inmuebles y acciones empresariales, los especialistas calcularon aún más, en medio de la acalorada discusión pública de los años siguientes. En la Patagonia, su base política, los Kirchner adquirieron tierras a muy bajo precio. Durante las investigaciones que se abrieron por supuesta fortuna mal habida, la justificación fue que la compra de estas propiedades –bajo discutibles condiciones, en una zona donde Néstor Kirchner gobernó– rindió tantos frutos que el patrimonio se multiplicó. En el 2009, un célebre juez equilibrista, Norberto Oyarbide, sobreseyó una causa por enriquecimiento ilícito. Recordando este episodio en el 2018, Oyarbide confesó, entre lágrimas: “Me apretaron el cogote”. Después el caso no resucitó. Pero para entonces, Cristina ya tenía varias causas abiertas, una llamada Vialidad, en la que el Ministerio Público pide para ella 12 años de penitenciaría e inhabilitación perpetua para ejercer como funcionaria pública.

El proceso cobró fuerza en el 2016, en los inicios del gobierno de Mauricio Macri, cuando el director de Vialidad, Javier Iguacel, presentó una auditoría sobre 51 contratos que Néstor y Cristina Kirchner le otorgaron a Austral Construcciones, de Lázaro Báez, para hacer obras en Santa Cruz. El informe cubría 12 años. En el período Báez ganó licitaciones dolosas, cobró aproximadamente US$3.500 millones de dólares y dejó sin terminar la mitad de los proyectos. Al mismo tiempo, concretó con los Kirchner al menos 20 negocios en común. Por ejemplo, administraba cuatro hoteles de la pareja, establecimientos que lucían desiertos de clientes, pero que eran la cobertura para que el contratista-socio pagara a los esposos más de US$10 millones. Báez también les compró bienes, pero sobre todo adquirió propiedades que serían de los Kirchner, según presunción de los investigadores. En una conversación telefónica, que fue grabada por la policía, Báez dice que lo que tuvo era de alguien que “está arriba en el cielo” –Néstor Kirchner murió en el 2010– y que sentía culpa porque quizá no fue buen administrador. En su testamento, Báez ha dispuesto que sus hijos no podrán disfrutar de sus bienes sino hasta 30 años después de que él haya muerto. Está sentenciado por enriquecimiento ilícito y afronta numerosas causas que lo tendrán largamente en prisión.

La semana pasada, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola explicaron la defraudación del Caso Vialidad durante cuatro días, en nueve audiencias atendidas en línea por unas por 15.000 personas. Cristina Kirchner respondió que estaba al frente de un “pelotón de fusilamiento mediático-judicial”. Luciani dijo que ella y su esposo dirigieron una organización criminal cuyos miembros fueron Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, y el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti. Aparte del delito de asociación ilícita, a Kirchner se le atribuyen los de fraude agravado e incumplimiento de deberes de función. De inmediato han surgido objeciones sobre la calidad de las pruebas, en particular las que sostienen que dirigía los fraudes. La fiscalía se ampara en decretos que firmó para redireccionar fondos –en el mismo estilo del Caso Anguía– sin los cuales la farra no hubiera sido posible. Cuentan las declaraciones de uno de los acusados, en el sentido de que el esquema ilícito era para financiar campañas electorales y que tenía la autorización de Cristina. Lo declaró López, quien empezó a colaborar con la justicia luego de que fuera sorprendido escondiendo en un convento de monjas costales con US$9 millones en el 2016. Lo hizo, confesó, por indicación del secretario de la viuda de Kirchner, el posteriormente estrangulado Fabián Gutiérrez.

Si la sentencia del tribunal es desfavorable a la vicepresidenta, lo que podría ocurrir el fin de año, la causa todavía será vista por una cámara de casación, que resolvería a lo largo del 2023. Posteriormente pasará a la Corte Suprema, que no tiene plazo. De modo que el futuro de Cristina no se definirá de inmediato, sobre todo porque aún le esperan otros procesos. Está por pasar a juicio oral el Caso Cuadernos de las Coimas, originado cuando en el 2018 Óscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, a su vez hombre de confianza del exministro De Vido, entregó su diario de visitas al periodista de “La Nación”, Diego Cabot, con anotaciones de sobornos provenientes de numerosas industrias. La justicia abrió un expediente donde ya confesaron los empresarios más importantes de Argentina. Por esos años, los operadores kirchneristas recaudaban tanto dinero que no lo contaban con las maquinitas automáticas habituales, que demoraban demasiado. Lo pesaban. Uno de ellos, Ernesto Clarens, declaró que le pedían entregarlo en euros, porque, al tener billetes de quinientos, ocupaban menor espacio. Por eso, de cuando en cuando, la cotización del euro subía súbitamente en Buenos Aires.

Ricardo Uceda es periodista

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