Deberes humanos, por Rossana Echeandía

Los derechos fundamentales de la persona generan deberes irrenunciables que recaen sobre otras personas, la sociedad y, especialmente, el Estado. Tan concentrados andamos en reclamar que se cumplan nuestros derechos que olvidamos que también tenemos deberes.

El artículo 1 de la Constitución dice: “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. Y el artículo 2 agrega: “Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”.

Hoy debe continuar el debate del proyecto de ley que pretende legalizar el aborto en caso de embarazo producto de una violación. El argumento que esgrimen sus promotores es que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo y se la debe dejar decidir respecto a un embarazo que no solo no fue deseado sino, además, producto de un acto violento, aborrecible. Una situación absolutamente indeseable para cualquiera.

La Constitución, sin embargo, tal como hemos leído, dice que el fin supremo de la sociedad y del Estado, es decir, su deber supremo, es defender a la persona y respetar su dignidad. Y agrega, para evitar dudas, que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto lo favorece, evidentemente del derecho a la vida en primer lugar, sin ser discriminado. Es decir, la ley de leyes protege al concebido así su origen sea una violación, y la sociedad y el Estado tienen el deber de protegerlo y, cómo no, de atender a la madre y facilitarle los medios si, una vez nacido, no quiere conservar al niño y darlo en adopción.

Hasta aquí los argumentos fríos, estrictamente jurídicos, que deberían bastar para mandar ese proyecto al archivo de una vez y para siempre. Pero hay otros, científicos, que también abogan en favor del derecho del concebido. La ciencia ha demostrado que el concebido, contrariamente a lo que afirman los abortistas, no es parte del cuerpo de su madre y eso ocurre también con aquel concebido producto de un acto de violación. Ya se ha dicho muchas veces pero vale la pena recordarlo: igual que los demás, ese concebido es otro cuerpo, otro ser humano, con un ADN propio, único e irrepetible, distinto de la madre que lo lleva en su vientre y del hombre que lo engendró durante una abominable violación por la cual debería ser severamente castigado y estar preso.

De manera muy oportuna, los congresistas que integran el grupo parlamentario Acción Popular-Frente Amplio han presentado un proyecto de ley que sí es coherente con la Constitución, por el cual, en caso de violación, el Estado dará atención especializada a la madre si desea dar al niño en adopción.

Este dice: “El concebido, niña o niño, producto de embarazo por violación sexual, no aceptado por la madre biológica, tendrá el derecho de recibir la protección del Estado, quien se encargará de procurarle, a través de los programas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la atención y cuidados necesarios hasta que pueda ser dado en adopción. El Estado proporcionará atención especializada a la madre para su recuperación física y psicológica”.

En vez de escandalosas compras de pañales, ese ministerio, el Estado, podría cumplir con su deber y proteger el derecho del concebido.