El declinante ambiente para crear riqueza, por Roberto Abusada Salah

Estudios internacionales que comparan la capacidad de los países para crear riqueza nos vienen mostrando que año a año el Perú pierde su posición competitiva. Las causas son conocidas. El deterioro de las políticas públicas, la falta de reformas en la economía, o el inadecuado nivel de infraestructura para la producción de bienes y servicios. Estas y otras causas que mellan la competitividad y el progreso se pueden resumir en una sola: el debilitamiento o la falta de instituciones. Oímos repetir este diagnóstico una y otra vez, pero ¿qué queremos decir cuando nos referimos a tal deterioro?

El Perú sufre hoy de un conjunto de deficiencias en sus arreglos políticos e institucionales; defectuosas reglas políticas que incluyen, entre otros aspectos, su mal diseño. Destaca la manera en la que se conforma el Congreso y se eligen los gobiernos regionales y locales. El Perú requiere con urgencia de un Senado y el establecimiento de distritos electorales uninominales o binominales, además de la renovación por tercios o por mitades del Parlamento. Necesita verdaderas regiones y no las 26 circunscripciones existentes. Urge rescatar el carácter unitario de la nación mellado por la actual regionalización. Gran parte de la reinante crisis política es producto del actual arreglo político e institucional.

El cuerpo legal, que atañe a la manera en que una sociedad se organiza para generar riqueza y progreso, ha devenido en una maraña administrativo-burocrática que ha hecho metástasis. Exhibe además un núcleo envenenado con la implícita sospecha y falta de transparencia con que administra su relación con ciudadanos y empresas. Principios básicos como la eficacia, la economía procesal y la presunción de veracidad están absolutamente ausentes. La multa y la dilación son características preponderantes. Cualquier actividad productiva es obligada a recorrer una ‘hoja de ruta’ donde a cada paso corre peligro de sufrir el veto de algún funcionario inescrupuloso, indolente, o simplemente atemorizado por un sistema que le impide ejercer un discernimiento sensato. El Perú necesita una reforma regulatoria radical.

Internacionalmente, también se nos cataloga como un país donde el Poder Judicial carece de independencia, padece de corrupción y su funcionamiento es totalmente inadecuado para resolver simples disputas entre privados o frente al Estado.

Tomemos cualquier problema como la falta de infraestructura productiva esencial para conducir los negocios, reducir costos logísticos y competir en la economía global. Descubriremos que tal carencia está directamente determinada por la ausencia de arreglos burocrático-institucionales eficaces. La falta de infraestructura no se debe a la falta de recursos públicos o privados. Explicación semejante podemos dar a las demoras para abrir una empresa o construir un edificio.

Finalmente, el Perú vive hoy marcado por una profunda desconexión de los poderes del Estado con la noción de gobernar y de una visión de país para el largo plazo. No existe una aspiración compartida respecto de hacia dónde se quiere llevar a la nación. Priman en cambio el conflicto, la acrimonia, la ignorancia y el populismo. De otro modo, no habría manera de entender las medidas que emanan del Congreso y del Ejecutivo.

En todos los estudios internacionales contrastan la excelente posición del Perú en términos de fortaleza macroeconómica con la pobrísima calificación que recibe su incomprensible e inflexible política laboral. Pues bien, en medio de toda la incertidumbre de la actual situación política, ¿qué hace el Estado? Se dedica a destruir la fortaleza macroeconómica y, por otro lado, a profundizar los problemas del mercado laboral.

Se ha propuesto la negociación colectiva dentro del Estado; una medida que conlleva el potencial de destruir la solidez fiscal y la ya exigua meritocracia. Se postula atacar la “informalidad laboral en la gran empresa”, en vez de preocuparse por la informalidad del 72% de trabajadores carentes de derecho laboral alguno. Se sugiere aumentar en 33% la contribución a Essalud, en lugar de reestructurar esa deficiente entidad. ¿Por qué, en cambio, no se copian las normas laborales prevalentes en los países de la OCDE a cuya membresía aspiramos?

Recientemente, se ha escogido el peor momento de la crisis política y la desconfianza para adoptar normas impositivas con claras características inconstitucionales (particularmente por su carácter retroactivo), haciendo además que empresas medianas prontas a adoptar directorios con mejor gobierno corporativo se inhiban por temor a posibles arbitrariedades al definir “un acto artificioso” o al presumir dolo por parte de la empresa y sus directores.

El presidente Vizcarra haría bien en invertir su actual capital político en liderar las reformas que el Perú requiere para relanzar su crecimiento, y así pasar a la historia como verdadero estadista. Los 300.000 jóvenes que ingresan anualmente a la fuerza laboral demandan recobrar la esperanza, una esperanza que solo puede materializarse si se duplica el insuficiente nivel de crecimiento económico.