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‘La Bestia’ se enfrentó al tráfico de Lima: la travesía del auto blindado que trasladó a Joe Biden
Los defensores del presidente Pedro Castillo están desesperados. Quieren evitar que responda ante la justicia.
Castillo tiene siete investigaciones por corrupción. Casi nunca hubo tantos indicios, evidencias y elementos de convicción durante el ejercicio de la función de algún presidente.
No hemos tenido presidentes santos. De sus delitos supimos, generalmente, después de ejercido el cargo. El grado de impunidad presidencial ha aumentado.
Quizás eran otras épocas. La información, tal vez, no circulaba como hoy. Quizá los fiscales no tuvieron tanto celo, independencia o determinación.
La Fiscalía de la Nación, hoy, atribuye a Castillo ser parte de una organización criminal. Esta estaría dedicada a intervenir en los procesos de licitación para obtener beneficios ilícitos.
Puente Tarata III y la compra de biodiésel de Petro-Perú son casos claros. Hay testimonios, pruebas y visitas que coinciden.
También se le investiga por una supuesta intervención en los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policiales. De esto hay testigos, US$20 mil que se encontraron en Palacio de Gobierno, conversaciones de WhatsApp, entre otras pruebas.
Uno de los casos más flagrantes es el de la tesis universitaria. Supuestamente Castillo la presentó el 2012, pero contiene citas y plagios de hasta el 2017. El presidente no ha podido presentar un texto alternativo.
El caso de las obras en Cajamarca incluye pruebas encontradas en su casa, como sellos, documentos e información de la Municipalidad de Anguía.
Castillo habría enquistado una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hay audios, declaraciones de testigos y la fuga del exministro Juan Silva.
El partido oficialista Perú Libre ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación. Quieren destituirla e inhabilitarla por ocho años.
Con esta iniciativa, Perú Libre se declara a favor del investigado por corrupción. Lo quiere defender políticamente frente a la acusación de múltiples delitos.
El congresista Guillermo Bermejo, como se sabe, asesora a Castillo. Sus abogados, Raúl Noblecilla y Ronald Atencio, se han sumado a la tarea de blindaje. Han interpuesto otra denuncia contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Estas denuncias se centran en la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla. Ella tenía a su cargo, se señala, una investigación contra las hermanas de la fiscal, las juezas Emma y Ruth Benavides.
La fiscal Revilla era titular, entre otras, de estas investigaciones. Los que realizan la pesquisa, sin embargo, son los fiscales Alcides Chinchay Castillo y José Quispe Suárez. Ellos no han sido removidos y siguen su trabajo.
Hay una serie de luchas intestinas en la fiscalía. Intereses privados y procesales que alcanzan, por ejemplo, al sentenciado Walter Ríos. Así lo ha revelado, con todo detalle, Juan Carlos Tafur (“La Conspiración en el Ministerio Público contra Patricia Benavides”, Sudaca.pe, 20/9/22).
Los abogados y los congresistas que denuncian a la fiscal de la Nación quieren pararla. Desean detener el proceso contra Pedro Castillo. Esa indagación fiscal ha sido fructífera, rápida y contundente.
La defensa política y legal de Castillo está desesperada. No quiere que la opinión pública siga enterándose del tipo de autoridad y el tipo de corrupción que enfrenta el país.
La evidencia y la flagrancia de varios delitos imputados pondrá contra las cuerdas al Congreso. Pondrá en evidencia a los defensores de la corrupción.
Blindar es, en este caso y a todas luces, complicidad.
