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Ayer, en Nueva York, el presidente Humala –modulando especialmente el tono de su voz– dijo: “Queremos menos palabras y más acciones concretas”. Estaba en la Cumbre sobre el Clima en la 69º Asamblea General de las Naciones Unidas y ponderaba sobre la necesidad de un documento “claro y coherente” como producto de la COP 20 que se realizará en Lima a fin de año; un documento que no sea “una compilación de ideas sueltas y desarticuladas”.
El presidente de Francia, Francois Hollande, se entusiasmó y destacó, públicamente, el compromiso de Ollanta Humala con el tema ambiental.
Lo que no sabe Hollande de Humala es que su gobierno y su ministro del Ambiente, se hacen los locos, hace dos años, frente a catorce mineras ilegales que depredan el núcleo del Parque Nacional del Huascarán en el Callejón de Huaylas.
La corrupción en la región que manejó Álvarez, asesorado por el prófugo y mejor amigo de la pareja presidencial, Martín Belaunde Lossio, permitió la instalación, pero peor aun, la explotación a mediana escala de catorce operaciones de mediana minería ilegal en la zona de Quebrada Honda en la provincia de Yungay.
En diciembre de 2012 la empresa Pasivos Ambientales S.A., que trabajaba haciendo remediación ambiental minera en la zona, con todas las autorizaciones de ley, advirtió a las autoridades de la oficina en Áncash del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), sobre lo que estaba ocurriendo. Como respuesta, la Dirección Regional de Minería de Áncash le quitó la licencia para seguir operando y le inmovilizó su inversión y su maquinaria.
Desde entonces, Pasivos Ambientales S.A. ha denunciado el hecho incluso ante la Comisión investigadora de la Región Áncash, pero antes acudió al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, al Ministerio de Energía y Minas, y al propio ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, a quien uno de los socios conoce personalmente.
La actual ley de minería conserva los mandatos de las leyes mineras precedentes, y mantiene vigentes los permisos y las concesiones que el Estado otorgó antes de la creación del Parque Nacional del Huascarán como Reserva de Biósfera Mundial. Aprovechando la existencia de esas pequeñas y antiguas operaciones, los ilegales que contaminan y depredan hoy esta zona de glaciares, construyen, usando explosivos, nuevos socavones sin respetar ningún tipo de estándar.
Testigos refieren que salen de la zona un promedio de 40 camiones cargados de mineral cada día, eso en toneladas métricas equivale a una actividad de mediana minería y, según la ley, ese tipo de extracción ilegal debe ser intervenida, directamente, por el gobierno central. A pesar de estar oficialmente enterados del problema hace dos años, ni la OEFA ni el Ministerio del Ambiente han hecho nada.
Si el gobierno no actúa con energía y convicción, al problema ambiental se le sumará un conflicto social; los ilegales han pervertido a los comuneros de Vicus asociando a sus ronderos a sus actividades ilícitas. Con esta “seguridad” ni la Fiscalía Ambiental de Huari ni la policía de la localidad puede entrar a la zona; y ahora Quebrada Honda es tierra de nadie.
