Derecho a exigir, por Carlos Basombrío Iglesias

Sesenta votos para admitir un nuevo pedido de vacancia, que en setiembre solo logró 32, da cuenta de que el ambiente en el Congreso no anda bien para el presidente. Lo confirma que no haya habido un solo congresista que haya sostenido que las acusaciones que hay en contra de Martín Vizcarra son deleznables y fruto de un complot. Ni uno solo.

La verdad es que tampoco lo he escuchado de ningún observador político o medio de comunicación. Es verdad que la opinión pública está dividida. Gruesamente, los que tienen un punto de vista tomado (que son la gran mayoría), se dividen en dos, entre los que creen que las acusaciones son ciertas y los que las creen falsas. Esto admite dos lecturas. Una, la fortaleza del vínculo de Martín Vizcarra con un sector muy importante de la población. La otra, que la palabra del líder de la lucha anticorrupción, bandera que lo catapultó a aprobaciones insólitas, se ha deteriorado tanto en ese ámbito que uno de cada dos peruanos no le cree cuando se dice inocente de corrupción.

Igual no justifica ir a una vacancia, con lo poco que falta de su mandato y siendo los principales protagonistas del proceso los que ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio.

Aun así, no nos llevemos al error: el principal responsable de que el país enfrente esta crisis es quien nos dijo que sus motivaciones se originaban en la transparencia, la verdad y la honestidad. Y ahora todo parece indicar que, en realidad, primó el pragmatismo y la conveniencia.

Si las revelaciones ya existentes eran suficientes para tener una certeza bastante razonable de que recibió pagos ilícitos cuando era gobernador regional, ayer se hizo público que el exministro que ya declaró en su contra como colaborador eficaz habría sido interrogado a fondo por el fiscal Juárez. Y que fueron ocho horas de preguntas y respuestas, cuyo resultado podría ser otra raya más al tigre.

No creo, en cambio, en los rumores que también se han difundido de que habría videos en los que se ven actos ilícitos del presidente. Parece inverosímil que se puedan repetir las escenas de Montesinos pagando a congresistas para cambiarse de bando o a medios de comunicación para favorecer la ilegal re-reelección de Alberto Fujimori. (Por cierto, él oficia ahora como maestro en la escuela de gobierno de Fuerza Popular). Creo que tanta sordidez es irrepetible.

¿Qué puede hacer el presidente Vizcarra para evitar la vacancia? Lo más simple: que no haya los votos suficientes. Y no los hay.

APP, de César Acuña (al que no le va nada bien en las encuestas), está en desesperada búsqueda de construir una imagen de estadista. Al final de la última vacancia en la que votaron en contra, Acuña fue recibido por el presidente en Palacio de Gobierno para escuchar sus propuestas para la reactivación económica del país; cediéndole Vizcarra con ello el espacio político de principal partido de la oposición razonable, aquel que Acción Popular ha malbarateado por tantos meses. Ahora todos los votos de APP estuvieron del lado de la no a la admisión de la vacancia.

La permanencia del presidente es solo el mal menor. Por ello, lo mínimo que se le debe a los ciudadanos que, sin creer sus teorías de los múltiples complots para perjudicar su imagen, prefieren que se quede, es no transgredir un principio fundamental para una investigación con garantías: que los investigados no puedan usar la ausencia de medidas cautelares en su contra para obstruir la justicia.

El problema es serio, ya que nadie como el presidente de la República y jefe del Estado podría tener más posibilidades de hacerlo. De ahí la importancia de la vigilancia sobre su conducta y la defensa de la investigación ya avanzada.

En ese entendido, pésimo servicio le ha hecho la fiscal de la Nación tratando de quitarle el caso que tiene el fiscal Juárez ya por varios años y pasárselo a la fiscalía anticorrupción para que inicie investigaciones contra “quienes resulten responsables”; o sea, volver a fojas cero. Grave error del presidente de la República de sembrar más dudas, negándose a declarar ante el fiscal Juárez (quien no la debe, no la teme) y, más bien, pedirle a Zoraida Ávalos que le diga ante qué fiscalía debe declarar. Nótese que, en el caso de la Procuraduría, sí se ha asignado a la solvente procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión, para que se encargue de los temas en que el presidente está investigado.

En resumen, lo menos malo que le puede pasar al país en los meses que vienen es que se quede el presidente Vizcarra, pero tenemos derecho a exigir que las investigaciones del fiscal Juárez no sean afectadas por ello.