Busquemos a los mejores

En el artículo de la semana pasada me preguntaba cómo arreglar la justicia en el Perú, sosteniendo que uno de los grandes problemas –no abordados, por cierto, en ninguna de las “reformas de la justicia” que se han impulsado– era que los mejores alumnos de las facultades de Derecho no aspiran a una carrera judicial. La pregunta que muchos me han planteado es: ¿cómo se logra eso?

Sin lugar a dudas, es una labor que implica mucho esfuerzo, tiempo y recursos, y que pasa por entender primero que ese es un tema imposible de postergar.

Me surgen algunas ideas que he venido reflexionando. La primera, crear un fondo que permita retribuir económicamente a los alumnos del décimo superior de las universidades de manera atractiva (pensemos en el doble o triple de lo que ese estudiante percibiría si hiciera sus prácticas preprofesionales en un reconocido bufete privado); todo ello debidamente supervisado, para lo que habría que celebrar convenios entre el Poder Judicial y las universidades, las de verdad, que son las que pueden aportar la excelencia.

Además, a aquellos alumnos que hayan decidido acogerse al programa de prácticas y cuyo desempeño haya sido satisfactorio, si deciden hacer carrera judicial, el fondo les financiaría una maestría en la universidad que ellos elijan y a la que hayan accedido por sus méritos académicos; todo ello, claro está, bajo el compromiso de seguir exitosamente la maestría y luego hacer carrera judicial.

Algo similar se hizo en Colombia hace ya más de diez años y continúa, hasta ahora, para reclutar a los mejores alumnos de los colegios con el objetivo de que opten por servir en la administración pública. Allí se les garantiza financiar una carrera profesional con maestría en el extranjero incluida. El programa se llama “Ser Pilo Paga”. ‘Pilo’, en Colombia, es una expresión coloquial similar a la de ‘chancón’, que nosotros utilizamos.

Si de los alumnos enrolados en el programa de prácticas preprofesionales se logra atraer a un 20% para que haga de la magistratura su carrera de vida, habremos logrado un programa exitosísimo. Pero, claro, eso no basta. Hay que garantizarles estabilidad en el cargo; obviamente, en la medida en que su conducta no incurra en ilícitos.

Hay quienes indican que la provisionalidad en la carrera judicial es un problema (que sin duda lo es) y que ello se arregla con el nombramiento de magistrados titulares. Ahí hay un error, desde mi punto de vista. ¿Hay acaso mayor provisionalidad que la “evaluación parcial de desempeño” cada tres años y seis meses, y la “ratificación” cada siete años que lleva adelante la, para muchos aún sacrosanta, Junta Nacional de Justicia? ¿No son acaso esos procedimientos –amén de los disciplinarios que impulsa a su libre albedrío y con raseros diversos– los que generan una verdadera provisionalidad en el cargo, además de afectar gravemente la independencia de los magistrados?

Por otro lado, si se quiere la excelencia, es decir, que lleguen los mejores para ser jueces y fiscales, ¿se puede mantener una bonificación del 15% sobre el puntaje final obtenido en la evaluación, que incluye la entrevista final, al postulante que acredita una discapacidad? Estoy de acuerdo con las políticas de apoyo a las personas con discapacidad, pero aplicar esa bonificación del 15% a un postulante para magistrado resulta una verdadera desproporción y altera notoriamente un concurso en el que se debe privilegiar el mérito y la capacidad. Además, en último caso, esa bonificación se podría entender sobre un determinado porcentaje de vacantes de inicio de la carrera judicial, pero aplicarla de forma genérica y en todos los niveles (es decir, incluso para los ascensos) resulta irracional.

Las soluciones en el tema de la justicia son lentas, porque el capital humano de excelencia no se consigue con solo chasquear los dedos. Vale la pena traer a colación la famosa frase de Napoleón Bonaparte: “Vístanme despacio que estoy apurado”, porque ya no se pueden cometer más errores.