En la década de los sesenta, la revolución verde ayudó a transformar Asia de ser un continente de hambre y desesperación a convertirse en una historia de éxito regional, incluso cuando tenía una estructura de tenencia de la tierra similar a la que hoy encontramos en las zonas rurales del Perú, donde más del 40% de las explotaciones agropecuarias provienen de terrenos menores a 5 hectáreas. Por lo tanto, la pregunta es: ¿por qué no puede producirse una transformación similar en las áreas rurales de países como el Perú?
Claramente, la situación actual en el Perú rural y en el mundo rural en general es diferente a la de Asia en los años sesenta. Los cambios en los métodos de producción a escala no son neutrales como lo eran en tiempos de la revolución verde. Hoy en día, las economías de escala son cruciales para los mercados de insumos, la tecnología de producción, el procesamiento y el transporte. La cadena de valor alimentario moderno también ha impuesto nuevas restricciones tales como auditorías, requisitos de certificación y normas de salubridad alimentaria, que a menudo impiden a los pequeños agricultores relacionarse con los mercados más dinámicos, ya que no cuentan con el tamaño necesario para poder cubrir estos costos fijos.
Si la pregunta es si se puede cambiar la estructura de propiedad de tierras peruanas en el corto o mediano plazo para lograr las economías de escala necesarias, la respuesta es claramente que no. Basta mirar la geografía de la sierra del Perú para entenderlo. La verdadera pregunta es cómo pueden escapar de esta trampa de la pobreza los pequeños agricultores y los hogares rurales en general. Aparecen tres instrumentos críticos para romper el estancamiento: 1) mejorar la infraestructura física, 2) promover e incentivar disposiciones institucionales que incrementen la coordinación vertical y horizontal entre los pequeños agricultores para permitirles alcanzar la necesaria economía de escala, y 3) entender que, en una estrategia rural, la agricultura no es la única manera de que las zonas rurales salgan de la pobreza y que hay grandes posibilidades en actividades no agrícolas que pueden ayudar a diversificar las oportunidades de los hogares rurales.
La infraestructura desempeña un papel clave en el aumento de la productividad local y regional tanto dentro como fuera del área agrícola. Asimismo, reduce los costos de transacción, conecta a los pequeños agricultores con los mercados y aumenta el nivel y la eficiencia del comercio. También genera empleos no agrícolas que constituyen opciones laborales para los pequeños agricultores que carecen de acceso a tierras productivas. Los gobiernos locales y regionales necesitan trabajar juntos para mejorar el acceso, especialmente para las poblaciones rurales. Un enfoque regional integrado es particularmente importante para lograr las economías de escala que se requieren para este tipo de inversión. Sabemos que si, por ejemplo, el Perú incrementara sus stocks y la calidad de su infraestructura para alcanzar los niveles de países como Corea del Sur, e inclusive al país con mejor infraestructura en Latinoamérica –que es Costa Rica– o el país con más carreteras asfaltadas –que es Colombia–, esto implicaría importantes reducciones en la desigualdad y un incremento de las exportaciones agropecuarias. Por ejemplo, y de acuerdo con el IADB, una reducción del 1% en los costos internos del transporte ad valórem podría incrementar las exportaciones agropecuarias en más del 4%, siendo las más beneficiadas las regiones que hoy en día tienen el menor nivel de desarrollo. Para lograr las mejoras necesarias, los mecanismos del mercado y la colaboración público-privada podrían ser las prácticas adecuadas, dado que las iniciativas unilaterales del sector público o privado tienen menos posibilidades de tener éxito. Por ejemplo, el gobierno podría esforzarse en publicar información que genere una potencial demanda de inversiones privadas en infraestructura con un riesgo reducido.
Evitar la trampa de la pobreza rural requerirá también recurrir a una variedad de instituciones para conectar a los agricultores entre ellos y vincularlos a mercados más lucrativos. Las asociaciones de agricultores y otros tipos de asociación colectiva pueden ayudar a que los pequeños agricultores trabajen juntos para enfrentar los desafíos de producción y comercialización, contratación y aseguramiento de la calidad. Es decir, que esto les permitiría tener las economías de escala que requieren para integrar mercados dinámicos. La agricultura por contratos provee un instrumento adicional, ya que puede ayudar a los pequeños agricultores a superar las barreras para entrar en el mercado (acceso al crédito, acceso a fertilizantes a precios de mercado, información creíble, etc.). Sin embargo, esta normalmente ha excluido a los productores pequeños y menos educados debido a las limitaciones de su escala de producción, a los costos fijos en los que tienen que incurrir y, sobre todo, a los elevados costos de monitoreo para lograr el cumplimiento de los contratos. En este sentido, es importante tratar de innovar en las modalidades de estos convenios contractuales para que incluyan a más pequeños productores. Un elemento decisivo es contemplar mecanismos que reduzcan los costos de monitoreo que enfrentan los contratantes, por ejemplo que las asociaciones de productores tengan sus propios mecanismos internos que comprueben el cumplimiento de los contratos de sus miembros. Además, el Gobierno tiene que proporcionar el entorno apropiado para reunir a los agricultores, las partes interesadas del sector privado y los organismos gubernamentales.
Finalmente, el Perú es un país de enormes recursos naturales: tenemos minerales, tenemos gas, tenemos enormes recursos arqueológicos y ambientales. No solo necesitamos pensar en la agricultura para una estrategia de desarrollo rural, sino que también es esencial desarrollar todos estos recursos pensando siempre en cómo beneficiar a los hogares rurales. Aquí es donde resulta indispensable una fuerte inversión en infraestructura y capital humano. Tenemos que pensar de forma diferente y el Gobierno debe trabajar con el sector privado para alcanzar esta meta. Por ejemplo, en Puno, una de las regiones más pobres, hay un enorme potencial turístico que, si bien ha mejorado en los últimos años, está muy lejos de alcanzar su máxima capacidad. Puno cuenta con un gran potencial por la presencia de dos culturas ancestrales (aimara y quechua) asentadas en un territorio natural (los alrededores de la reserva del lago Titicaca y las penínsulas de Capachica y Chucuito), que podría ser mejor aprovechado como fuente generadora de ingresos y empleo para su población. Sin embargo, debido a las barreras que presenta, los beneficios que en la actualidad genera esta actividad se encuentran restringidos a determinados espacios y agentes económicos. Se necesitan rutas turísticas, hoteles, mejores horarios de vuelos y guías turísticos calificados. Esto podría generar importantes empleos, pero hay que pensarlo como una cadena de valor y a su vez crear mecanismos que permitan que la población rural del lugar forme parte de este desarrollo.
Todo esto requiere, una vez más, pensar de manera diferente. Una estrategia de desarrollo rural no debe ser considerada como un tema de un solo sector, sino, al contrario, como una combinación de acciones coordinadas en diversos sectores y bien focalizada de acuerdo con las potencialidades de cada subregión. Estamos hablando de acciones en finanzas, agricultura, salud y nutrición, infraestructura, medio ambiente y varios otros sectores. Tanto el Gobierno como el sector privado tienen un papel que cumplir. Debemos optimizar nuestra inversión pública y coordinarla con la inversión privada, de tal forma que logremos una estrategia de desarrollo rural con diferentes frentes.