Desastre laboral, por Roberto Abusada

Un vistazo general al panorama laboral peruano nos remite a sus características más saltantes de informalidad, precariedad y pobre productividad. Con una población aproximada de 31,5 millones de habitantes, el Perú tiene unos 23 millones en edad de trabajar de los cuales 16,9 millones se reportan como personas con trabajo. Aparte de mostrar la juventud de la fuerza laboral, las cifras peruanas no son muy distintas a lo que se observa en el resto del mundo.

Sin embargo, un mejor análisis nos muestra lo desolador del actual panorama laboral. Sus principales e indeseables características son la informalidad, la precariedad y la baja productividad. Una enorme proporción de peruanos trabaja en la informalidad, es decir, privados de derechos laborales mínimos. Los trabajadores informales en el Perú son la abrumadora mayoría: algo más del 72%.

Todos los países tienen algún grado de informalidad y es natural que mientras más rica sea una nación, la porción informal sea menor. Pero en el Perú la informalidad es anormalmente alta; 44% más alta si se la compara con países con ingreso por habitante similar. Las causas de esta situación son variadas, pero existen dos que parecen explicar buena parte de este fenómeno: las dificultades burocráticas que encarecen la contratación formal, y la inflexibilidad de las leyes que rigen la contratación y el despido de trabajadores. En este último aspecto, según el Foro Económico Mundial, el Perú sobresale con respecto al resto del mundo en el puesto 128 entre 140 países.

La frondosa y pretendidamente progresista legislación laboral peruana es ampliamente ignorada por el grueso de la población porque sus reglas son fundamentalmente incumplibles. De los 16,9 millones de personas reportadas como ocupadas, solo 5 millones tienen empleos formales: 3,6 millones trabajan en el sector privado y 1,4 millones son trabajadores estatales.

Leyes como la que fija la remuneración mínima vital (RMV) sencillamente no se aplican. Dentro de la fuerza laboral existen 7,8 millones de personas que ganan menos que el salario mínimo. La RMV no es otra cosa que una prohibición a trabajar por un pago menor a la suma fijada. En el Perú tal prohibición ha sido relegada por la realidad a la categoría de burla. En todo caso, la ley solo representa una dificultad adicional a la creación de empleo.

En el marco de una economía con bajo crecimiento, la política laboral compleja e inflexible, sumada a una maraña de trámites y permisos insalvables, hace que la creación de empleos formales sea absolutamente insuficiente. Cada año la población en edad de trabajar aumenta aproximadamente en 300 mil personas. Dependiendo de la tasa de crecimiento económico, el aumento del empleo formal fluctúa entre 2% y 5%. Crecimientos de 3,5% o 4% no generan suficientes empleos adecuados.

La lectura cuidadosa de las cifras oficiales del aumento en el empleo revela una realidad complicada. Una gran parte del aumento en el empleo se concentra en el sector informal con salarios muy bajos. Más de dos tercios del empleo se da en microempresas de menos de 5 trabajadores con una productividad minúscula. La productividad del trabajo en la microempresa es solo 6,3% de la que se observa en las empresas grandes. El salario promedio en la microempresa es, por tanto, muy pequeño e igual a S/831. El único sector que genera un aumento importante de empleo formal es la agricultura moderna que se rige por reglas laborables flexibles. Mientras que el empleo formal en la agroindustria crece 24% por año, en el resto de la economía crece solo 2%. El 51% de trabajadores en el país tiene una remuneración mensual inferior a S/1.000, que en el caso del sector formal está sujeta a la deducción para pensión. Como resultado de la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el despido arbitrario, la proporción de empleos temporales con respecto al total de empleos ha subido de 35% en el 2001 al actual 75%. Finalmente, la tasa de crecimiento en el empleo en el sector estatal es más del doble que la del sector privado.

Ha llegado el momento en que se plantee una verdadera reforma laboral que incluya mayor flexibilidad, y reglas simples y realistas de cumplimiento generalizado. Las reglas laborales de la actualidad y la maraña de trámites que tiene que sortear la generación de empleo formal están haciendo que el Perú desperdicie el enorme bono demográfico que representa la alta tasa de crecimiento de su población en edad de trabajar. La reticencia a enfrentar el problema de la reforma laboral resulta en la actualidad poco menos que antipatriótica.