Nuevamente el presidente Humala y su ministro Castilla se equivocan: se niegan a entender que el problema no es económico, sino la falta de confianza en el Gobierno.
Los hechos son precisos: desde el 2011 el crecimiento anualizado del PBI se ha desacelerado, pasando de un promedio de 6% a un pronóstico para diciembre próximo de entre 3,8% y 4%. Sí, el contexto internacional es complicado especialmente por la lentitud de la recuperación norteamericana y la disminución de importaciones de China. Sin embargo, la desaceleración peruana no se explica estrictamente por la coyuntura, sino por la falta de claridad y liderazgo de un gobierno incapaz de ofrecer alicientes para la inversión productiva estable, como sí lo están haciendo (en el mismo entorno mundial) México y Colombia.
El paquete anunciado por el señor del MEF, por ejemplo, pese a que él insista en su imaginaria proactividad, resulta apenas reactivo. Corregir los excesos tributarios, los sobrecostos laborales en un país con tanta informalidad y el obstruccionismo burocrático son medidas que tienen tres años de atraso; y las excusas de que eso debió hacerse en el período 2006-2011 son solo eso, excusas. Además, se sigue gastando excesivamente en programas sociales mal administrados, experimentos anacrónicos como el de la refinería de Talara (donde se van a desperdiciar más de 3.500 millones de dólares) y en otras medidas que están arriesgando la estabilidad, como lo demuestra el haber reducido el superávit fiscal a menos de 1%. Estamos advertidos: si el PBI solo creciera a un 3,5%, buena parte de los 7 millones de peruanos que ahora creen ser de clase media no podrían afrontar su deuda por consumo, exponiéndose a una eventual burbuja negra.
Al ser solo exportadores de materia prima nunca hemos tenido un ‘milagro’ peruano, pero el negativismo humalista sobre el fin de los buenos tiempos es como una profecía a punto de auto-cumplirse. El mal gobierno no se disimula responsabilizando a otros de un complot imaginario; ese es un argumento ofensivo para la libertad de crítica en democracia.
Este gobierno debe entender que falta confianza política, institucionalidad y disminución de las sobrerregulaciones tributarias y laborales. Falta también transparencia, porque son los desconfiables dirigentes nacionales que fueron financiados en parte por esa minería informal a la que hoy pretenden combatir, que impiden la investigación de un caso tan grave como el de López Meneses y que deslizan amenazas contra la prensa independiente vía ‘consultas’ con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre el rumbo futuro, ¿cómo confiar en un Ejecutivo representado por una ministra que –abjurando de la responsabilidad del Estado– sugiere la autodefensa femenina a punta de “agujas, clavos y tijeras”? ¿Cómo fiarse de quien insiste en que la falta de seguridad es cuestión de percepciones? ¿Y cómo apostar por un gobierno que sospechosamente detiene de un momento a otro la erradicación de la coca en el VRAEM?
Si quiere recuperar la economía, el presidente Ollanta Humala debe poner a un ministro de Economía que no sea un simple tesorero, además de adoptar un rumbo claro y frenar el ruido político generado por su esposa. La oportunidad más pronta para enmendarse es su mensaje del 28 de julio.