La descuidada chequera del Estado, por Juan Paredes Castro

Como si nada hubiera pasado en los últimos tiempos (probadas revelaciones de ineficiencia y corrupción en municipios y regiones), en dos meses más nuevas autoridades electas y reelectas asumirán funciones en todo el país, con nuevos cheques en blanco sobre sus escritorios.

Una vez más, y por cuatro años (1.460 días), el Estado renuncia a supervigilar sus arcas. El Estado se anticipa a sobregirarse a sí mismo, en cuentas que pagamos todos los peruanos.

Cada cheque en blanco tendrá la firma autorizada del Gobierno, que rehúye ejercer los controles que le corresponde; del Congreso, que evita legislar en rigor sobre las competencias y limitaciones de los titulares de pliego presupuestal al interior del país; del Ministerio Público, al que le queda demasiado grande el ámbito de iniciativa fiscal de oficio; y del Poder Judicial, cuyas penalizaciones, en materia de corrupción, no representan por hoy solución alguna al problema.

El Congreso ha preferido aprobar en primera legislatura una reforma constitucional prohibiendo la reelección inmediata de alcaldes y presidentes regionales, como un supuesto remedio a la corrupción generalizada en tales cargos. Pero ha obviado resolver primero la carencia de mecanismos de control, reporte y subordinación que precisamente han sembrado el caos en el proceso de descentralización.

El próximo 1 de enero las arcas presupuestales del Estado y del canon minero se abrirán de par en par a la discrecionalidad de los nuevos caciques de turno, unos honestos y otros no, todos inevitablemente librados de la más mínima y severa rendición de cuentas.

La pregonada palabra ‘accountability’ (rendición de cuentas) sugiere un raro sonido onomatopéyico para muchas autoridades municipales y regionales, que creen, más bien, que no tienen que responderle a nadie por su gestión ni por los resultados de esta ni por el dinero que manejan.

Estamos ante los amos y señores de presupuestos millonarios que el Gobierno y el Congreso han dejado a la libre. A menos, claro, que entre noviembre y diciembre, se atrevan a poner los urgentes candados que demandan las administraciones municipales y regionales.

Amos y señores también del destino de proyectos mineros que comprometen miles de millones de inversión, en una demostración de cómo el gobierno unitario (así declarado en la Constitución) se muere de miedo e impotencia antes de salir a defender los fueros del Estado.

Los votos y las ánforas se han convertido en la otra rúbrica del cheque en blanco concedido por los poderes del Estado a favor de los caciques municipales y regionales electos. Lo que no saben quienes representan al Estado, comenzando por el presidente Ollanta Humala, es que los votos y las ánforas no constituyen delegación de poder para delinquir ni para violentar el orden institucional establecido.

El Jurado Nacional de Elecciones, como máximo organismo jurisdiccional, no tiene pretexto alguno para dejar de encarar y resolver, con la autoridad debida, las transgresiones cometidas por alcaldes y presidentes regionales respecto de sus mandatos electorales.