Destruyendo el futuro del Perú, por Maria Cecilia Villegas

El Perú, hasta marzo del 2020, había conseguido reducir la pobreza de 54%, en el 2004, a 20,3%, logrando que cerca de 9 millones de peruanos dejaran de ser pobres. El 85% de esa reducción de pobreza es producto del crecimiento económico, impulsado por la inversión privada.

Sin embargo, no hemos hecho la tarea de explicarle a los peruanos el porqué de la importancia de la empresa privada, del empresario y cuál es su rol en la sociedad. Esto ha permitido que las izquierdas utilicen la lucha de clases y el odio contra los empresarios como plataforma política. Ayudados, sin duda, por los no pocos empresarios mercantilistas que habitan estas tierras.

El impacto de las políticas para enfrentar la pandemia del COVID-19 nos hizo retroceder diez años y 3 millones de peruanos volvieron a la pobreza. Hoy, casi 8 de cada 10 trabajadores se desarrollan en la informalidad. Este fue el contexto en el que Pedro Castillo fue elegido, por un segmento no menor de peruanos que confió ilusamente en que él lograría mejorar sus condiciones de vida. Castillo no fue elegido para cambiar las reglas del juego ni para detener el crecimiento y la inversión. Pero esto último es precisamente lo que ha hecho desde que llegó a Palacio.

El viernes último, la primera ministra decidió, de manera unilateral, cerrar cuatro minas en el sur de Ayacucho: Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada. “Vamos a exigirles que terminen y cierren lo más inmediato posible”, sostuvo al momento de la firma del acta de compromiso con las autoridades y dirigentes de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, luego de que actos vandálicos obligaran a la paralización de las minas, afectando cerca de 9.000 puestos de trabajo y perdiendo S/12,3 millones en impuestos al mes. Desde hace años, la violencia ha sido legitimada por el Estado como mecanismo de negociación. Lo que demuestra la incapacidad del Perú de imponer el Estado de derecho, proteger los derechos de propiedad y los contratos. Esto es lo que se llama seguridad jurídica, que no es más que la garantía de que las reglas de juego no se cambiarán y serán impuestas a todos por igual.

Los ciudadanos, por ejemplo, confiamos en que el Estado nos garantizará la propiedad privada. Por eso muchos peruanos invierten sus ahorros para comprar una vivienda y obtienen un crédito hipotecario, destinando por los siguientes años una parte importante de sus ingresos a pagarlo. El comprador confía que podrá pagar el crédito porque tendrá un trabajo, y al comprar su vivienda contribuye a que se dinamice la economía. Así, las empresas inmobiliarias invertirán en construir viviendas, generando miles de puestos de trabajo directos e indirectos en el sector construcción, lo que incluye a las empresas que fabrican acabados de construcción y a las tiendas que los venden. Pero también a quienes venden los almuerzos a los obreros. Además, permite que el sistema financiero crezca generando más puestos de trabajo y dinero para financiar a otras empresas. Así se desarrolla la economía de un país. A mayor inversión, mayor generación de riqueza, de puestos de trabajo, de impuestos y, con buenos empresarios, de inversión en tecnología que permita mejorar la productividad de los trabajadores. Como consecuencia, habrá mayor riqueza y mejores sueldos.

Para lograr lo anterior, los ciudadanos necesitan confiar en que el Estado garantizará las reglas del juego. Si el gobierno genera dudas sobre la protección de la propiedad o si se pierden trabajos, los ciudadanos no comprarán viviendas, ralentizando la economía. Lo mismo ocurre con los empresarios. Si se debilita la confianza, los empresarios preferirán invertir en otros países o dejar su dinero en el sistema financiero internacional. Sin inversión, se reducen los puestos de trabajo, los impuestos, cae el crecimiento económico y aumenta la pobreza. Lamentablemente, la izquierda peruana nunca entendió una ecuación tan simple como esta.