El país que odia a las mujeres trans y aimaras

En lo que va del 2023, al menos siete mujeres trans han sido asesinadas en nuestro país. Reportes iniciales apuntan a que al menos cuatro de ellas se dedicaban al trabajo sexual y habrían sido víctimas de mafias que les cobraban cupos. De acuerdo con la Universidad Cayetano Heredia, aproximadamente el 70% de las mujeres trans se dedica al trabajo sexual, entre otras razones, por la exclusión social que experimentan a causa de la negativa estatal a reconocer su identidad. No todos estos casos tienen una investigación abierta y se suman a los cientos de episodios de violencia contra personas LGTBI que ocurren en nuestro país.

La semana pasada, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos conformó un grupo de trabajo temporal para que elabore una propuesta de protocolo sobre la investigación y administración de justicia en casos de violencia contra las personas LGTBI. Esta decisión no es voluntaria, sino que se adoptó en cumplimiento de la sentencia del Caso Azul Rojas Marín de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Aunque este grupo de trabajo tiene la potestad de invitar a organizaciones internacionales o de la sociedad civil, este no es un requisito indispensable para su funcionamiento, y está conformado, entre otros, por representantes de las entidades estatales que estuvieron involucradas en la vulneración de los derechos de Azul.

Durante las protestas del fin de semana, las mujeres aimaras participaron cargando a sus hijos en las espaldas, como es costumbre. Muchas razones pueden haber para que una madre decida cargar con su criatura a una marcha en el Centro de Lima, pero la Policía Nacional, en lugar de aplicar una pizca de empatía y adecuar el nivel de respuesta, primero, al carácter pacífico de la marcha y, luego, a la presencia de menores de edad, reaccionó disparando bombas lacrimógenas al cuerpo de las manifestantes.

Como si esto, por sí solo, no fuera suficientemente grave, el ministro de Educación, Óscar Becerra, afirmó el lunes que “ni los animales” exponen a sus crías al peligro. Peor aún, sin evidencia alguna que respalde una idea tan descabellada, afirmó que los niños presentes en las manifestaciones no eran hijos de las mujeres, sino que otras personas, supuestamente motivadas por necesidades económicas, habrían alquilado a sus hijos para que sean usados en las protestas.

El régimen de Dina Boluarte, hasta la fecha, se había caracterizado por su falta de carácter democrático, irrespeto a la institucionalidad y continuas faltas a la verdad. A esta combinación, debe ahora añadirse el total desprecio por las mujeres peruanas. Los asesinatos de mujeres trans (y de personas LGTBI en general) ocurren con frecuente impunidad en nuestro país y el régimen actual ha guardado un silencio sepulcral al respecto. Para cerrar con broche de espanto, respecto al ataque de la policía contra las mujeres aimaras que cargaban a sus hijos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ente rector en materia de protección a las mujeres y poblaciones vulnerables, lo que definitivamente incluye a los niños, responsabilizó a las mujeres por ejercer su derecho a la protesta. Este país odia a las mujeres.

* La autora integró el equipo legal que representó a la ciudadana Azul Rojas Marín entre el 2018 y el 2021.