...Y el diablo los junta, por Cecilia Valenzuela

La escena era impactante y estremecedora. En la pantalla de mi televisor, una mujer intentaba imponerse sobre sus piernas mientras su cuerpo se sacudía sin control. Estaba en un cuarto de hospital, llevaba puesto un camisón, y se sostenía agarrándose de los brazos de otra mujer que la miraba, perpleja.

A pesar de su estado, Leonor La Rosa, una agente de inteligencia operativa del Servicio de Inteligencia del Ejército, le increpaba a la entonces ministra de la Mujer, Miriam Schenone, la forma en la que la habían dejado los dos oficiales del SIE que la interrogaron por ser sospechosa de hablar con la oposición.

Era un domingo por la mañana, el reportaje lo propalaba el programa “Contrapunto” de Frecuencia Latina, corría el año 1997 y Montesinos se encontraba en la cima de su poder.

Desde ese momento y hasta entrado el siguiente lustro, La Rosa se convirtió en el símbolo vivo de la ferocidad con la que reprimía la dictadura de Fujimori y Montesinos. A fines del año 2000, los militares a los que ella acusó fueron procesados y privados de todos sus derechos, incluido el uso del hospital militar en donde uno de ellos trataba a su hijo que sufría de una deformación aguda de la columna vertebral.

En el 2004, en su libro “Muerte en el Pentagonito”, el periodista Ricardo Uceda probó que Leonor La Rosa era una farsante, que había mentido sin pudor, que nunca había sido torturada y que el estado en el que se encontraba era producto de una enfermedad degenerativa.

Los periodistas que le creímos pedimos disculpas, públicamente, por nuestra negligente ingenuidad. Pero quien jamás se disculpó fue su abogado, Heriberto Benítez Rivas, el mismo que la acompañó en su farsa y en el cobro de la indemnización que le pagó el gobierno de Alejandro Toledo; y lo mismo con las donaciones que recibió de los organismos vigilantes de los derechos humanos.

Diez años después, el abogado de Leonor La Rosa, es también el socio de César Álvarez, el protector de ‘La Centralita’, el convidado a los aniversarios de Rodolfo Orellana, el asesor de Benedicto Jiménez en los quehaceres de una revista que tuvieron el cuajo de bautizar con el nombre de “Juez Justo”.

Y es también, cómo no, el congresista que intenta con su investidura, presionar a vocales de las cortes superior y suprema para que no accedan al levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

A Benítez le espera un proceso por asociación ilícita para delinquir, receptación y violencia contra la autoridad. Sin embargo, sus electores debieran sancionarlo por envilecer aun más la política, por pintar con el color de la mafia la lucha contra la corrupción y por manipular vulgarmente los valores democráticos.

Benítez comenzó en el Apra, nada menos que como asesor parlamentario del tribuno Javier Valle Riestra; pero se hizo conocido poco después del autogolpe del 5 de abril de 1992 porque se vinculó a los hombres que secundaron al general Jaime Salinas Sedó; estuvo en Somos Perú y al tiempo se enroló en el Frente Independiente Moralizador:

Desde esa tribuna convirtió la defensa de los derechos humanos en el negocio que le permitió llegar dos veces al Congreso para disimular a sus aliados.